La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio el próximo martes 9 de abril, en el que se verá implicados el exalcalde de Hormigos, B.D.S.S., y el exarquitecto municipal, L.L.L., por la aprobación irregular de la construcción de diez viviendas en un área no adecuada para tal fin. Ambos enfrentan acusaciones de delito contra la ordenación del territorio, lo que podría resultar en una condena de 18 meses de cárcel.
De acuerdo con la información provista por la Fiscalía, en septiembre de 2007, la empresa Alfalex Gestión Inmobiliaria SL presentó una petición al Ayuntamiento de Hormigos para un estudio de detalle para la ordenación de terrenos situados en la prolongación de la calle Zarzamora y la calle Cerrillo. Estas áreas, según las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Hormigos, estaban clasificadas como suelo rústico de reserva. La solicitud fue inicialmente denegada por el secretario municipal, C.B.B., en base a la normativa de procedimiento legal, la cual fue ignorada por los acusados.
A pesar de las advertencias y de los procedimientos legales establecidos, el exalcalde B.D.S.S. refrendó el estudio de detalle de Alfalex, obviando el protocolo mandatado. Posteriormente, L.L.L., a sabiendas de que el nuevo Plan de Ordenación Municipal no estaba aún vigente, emitió un informe favorable al proyecto.
Los hechos continuaron en octubre de 2007 cuando Alfalex S.L. pidió licencia para la construcción de las diez viviendas mencionadas, informe que fue nuevamente avalado por L.L.L., a pesar de que el Plan de Ordenación utilizado para tal aprobación no estaba en vigor. Lo alarmante es que dicha aprobación se dio incluso con el conocimiento de un informe contrario del Departamento de Control del Colegio oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha y del secretario municipal.
La concesión de estas licencias se tradujo en un cambio inapropiado en la ordenación urbanística de Hormigos, infringiendo las normas al permitir construcciones en zonas no autorizadas y pasando por alto la necesaria cesión de espacios para zonas verdes y equipamientos municipales.
Como resultado de estas acciones, la Fiscalía busca una pena de 18 meses de prisión, una multa equivalente de 18 meses a razón de 12 euros diarios, y la inhabilitación especial para desempeñar funciones públicas durante ocho años para ambos acusados, condenándolos por un delito contra la ordenación del territorio.
