En un fallo histórico, un tribunal estadounidense ha impuesto una sentencia de 30 años a Brian Jeffrey Raymond, exagente de la CIA, tras ser hallado culpable de drogar y abusar sexualmente de varias mujeres durante su período de servicio en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y otros lugares. Junto a su condena de prisión, se le ha ordenado compensar a sus víctimas con una suma de 260.000 dólares (aproximadamente 234.100 euros), marcando un momento significativo en la responsabilización de delitos sexuales perpetrados por ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
El acusado se declaró culpable en noviembre de 2023 de una serie de cargos graves, incluidos abuso sexual, contacto sexual abusivo, coerción y distribución de material pornográfico. En su acuerdo de culpabilidad, Raymond admitió su participación en actos sexuales no consentidos con cuatro mujeres y haber tenido contacto sexual no consentido con otras seis. Además, reconoció haber drogado a 28 mujeres, sobre las cuales creó material pornográfico sin su consentimiento.
Este caso surgió a la luz en 2020, tras el dramático incidente de una mujer que fue vista pidiendo ayuda desde el balcón de la residencia de Raymond en Ciudad de México. La víctima alegó posteriormente no recordar los hechos ocurridos después de haber consumido comida y bebida proporcionadas por el exagente, lo que llevó a una extensa investigación por parte de las autoridades.
El fiscal federal, Matthew Graves, destacó la gravedad de los actos de Raymond, describiéndolo como un «depredador sexual» que aprovechó su posición dentro del gobierno para atraer a mujeres inocentes y cometer actos atroces en su contra. Grave enfatizó la importancia de la sentencia, que asegura que el acusado sea registrado como delincuente sexual de por vida, y subrayó el mensaje claro que esto manda sobre la tolerancia cero ante abusos sexuales, especialmente por parte de funcionarios gubernamentales en el extranjero.
La fiscal general adjunta, Nicole Argentieri, destacó el largo período de explotación de mujeres por parte de Raymond, extendiéndose a lo largo de 14 años. Argentieri expresó gratitud hacia el Gobierno mexicano por su cooperación y reiteró el compromiso de trabajar conjuntamente con socios nacionales e internacionales para hacer justicia por las víctimas de explotación sexual.
Este caso no solo ha resaltado la importancia de la colaboración internacional en la persecución de justicia para las víctimas de delitos sexuales, sino que también ha puesto en relieve la urgente necesidad de implementar mayores controles y balances dentro de las agencias gubernamentales estadounidenses para prevenir que tales abusos ocurran en el futuro.
