En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos ha confiscado el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, argumentando las sanciones estadounidenses vigentes contra Venezuela. La operación, llevada a cabo el lunes en la República Dominicana, culminó con el traslado del avión a Florida, según informes exclusivos de CNN basados en declaraciones de dos funcionarios estadounidenses.
Esta acción marca la primera vez que Estados Unidos incauta un bien de un jefe de Estado extranjero bajo premisas penales y sanciones, enviando un mensaje rotundo que subraya la extensión del alcance de las sanciones estadounidenses. «Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley», manifestó uno de los funcionarios estadounidenses, resaltando la contundencia de las medidas adoptadas.
La confiscación se produce tras la evaluación de que la adquisición del avión, valorado en aproximadamente 13 millones de dólares y que había estado estacionado en la República Dominicana durante los últimos meses, había violado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, entre otros asuntos penales, aunque aún no se ha producido una confirmación oficial sobre el suceso.
La colaboración con la República Dominicana fue clave en esta operación, dado que este país notificó a Venezuela sobre la incautación del avión, descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano del Air Force One. Este hecho constituye un esfuerzo conjunto significativo de varias agencias federales estadounidenses involucradas en la operación.
Esta medida se suma a una serie de acciones previas donde Estados Unidos ha confiscado docenas de vehículos de lujo y otros activos destinados a Venezuela, aunque esta operación destaca por su relevancia y simbolismo.
La acción de Estados Unidos viene después de la decisión de revertir parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano en abril, en respuesta a las acciones de Maduro, especialmente la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, lo que ha sido percibido como un incumplimiento de compromisos electorales por parte de Maduro.
Estados Unidos ha sido crítico con el gobierno de Maduro desde las elecciones venezolanas del 28 de julio, criticando la negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a adherirse a estándares internacionales y venezolanos de transparencia. El Departamento de Estado de EE.UU. calificó la situación electoral y la posterior ratificación de la victoria de Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia venezolano como una «violación inaceptable» de las leyes venezolanas, a pesar de las afirmaciones del Gobierno de Venezuela de que no deben explicaciones a Estados Unidos sobre la reelección de Maduro.
Este episodio subraya la complejidad y la tensión continúa en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, enmarcado en un contexto de sanciones, disputas electorales y la firme posición de Estados Unidos ante lo que considera violaciones de la ley y la democracia por parte del gobierno venezolano.
