En una acción que refuerza su postura en contra de la administración de Nicolás Maduro, Estados Unidos anunció fuertes medidas contra Venezuela este jueves, aplicando sanciones económicas a 16 funcionarios vinculados al gobierno. Estas sanciones llegan como respuesta a lo que Washington considera actos que socavan la democracia en el país suramericano, específicamente, en el contexto de las recientes elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio, las cuales han sido ampliamente disputadas.
Los funcionarios sancionados ocupan puestos en instituciones clave dentro de Venezuela, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la Asamblea Nacional. Entre ellos se encuentran figuras prominentes como Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo; Rosalba Gil Pacheco, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE; y Pedro Infante Aparicio, vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Estados Unidos acusa a estos individuos de haber interferido en el proceso electoral, promoviendo la supuesta reelección de Maduro a través de medios fraudulentos. El secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado, destacó que estos actos representan un descarado desprecio por la voluntad del pueblo venezolano. «Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder», afirmó Blinken.
Como resultado de estas sanciones, todos los activos y propiedades de los individuos nombrados en Estados Unidos quedan bloqueados, y se les prohíbe realizar cualquier tipo de transacción financiera con entidades estadounidenses. Dichas medidas se añaden a la ya larga lista de sanciones previamente impuestas a más de 140 funcionarios venezolanos, en el marco de los esfuerzos de Estados Unidos por promover un cambio democrático en Venezuela.
Por otro lado, el gobierno de Venezuela ha respondido a estas sanciones, calificándolas de un «nuevo crimen de agresión» y rechazando vehementemente lo que consideran medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales. En un comunicado, denunciaron estas acciones como parte de una campaña continua de Estados Unidos para desestabilizar el país y cuestionar la legitimidad de su gobierno.
Este nuevo capítulo en las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela subraya el profundo desacuerdo sobre la situación democrática y los derechos humanos en el país caribeño. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y altos funcionarios de la Administración de Joe Biden aseguran que continuarán monitoreando de cerca la situación en Venezuela para determinar la necesidad de imponer sanciones adicionales, incluso contemplando restricciones al petróleo venezolano, un recurso crucial para la economía del país.
En el centro del conflicto electoral se encuentra la figura de Edmundo González Urrutia, candidato presidencial opositor, quien recientemente se exilió en España. A pesar de la proclamación del CNE sobre la reelección de Maduro sin la publicación de las actas de votación, desde Estados Unidos se continúa reconociendo a González Urrutia como un representante legítimo de los esfuerzos democráticos en Venezuela.
