La Comisión Europea ha revelado detalles cruciales sobre el despliegue de los Fondos Next Generation EU (NGEU) entre los países de la Unión Europea, un programa sin precedentes diseñado para impulsar la recuperación económica y fomentar la transformación a largo plazo dentro del bloque. Con una dotación global que desafía los registros históricos en el proceso de integración europea, estos fondos, junto con el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, buscan estimular reformas e inversiones clave desde 2021 hasta 2026.
España, beneficiaria de al menos 163.000 millones de euros —aproximadamente el 12% de su PIB—, se encuentra en una posición privilegiada para catalizar su convergencia con el resto de los países de la UE y sentar las bases de una economía significativamente más robusta. Sin embargo, la realización de este ideal exige una sinergia efectiva entre reformas estructurales profundas y estratégicas inversiones capital.
Un dato que resalta en el informe es la ejecución relativamente baja de estos fondos por parte de España, que hasta el momento ha gastado solo el 29,4% de los recursos disponibles, una cifra que palidece en comparación con naciones como Italia y Francia, que han avanzado con porcentajes de ejecución del 59% y 76%, respectivamente. Esta situación genera preocupación, especialmente teniendo en cuenta el impacto significativo de las crisis económicas recientes en el país, materializado en una caída del 10% del PIB durante la pandemia del covid-19, un escenario que, sin el apoyo de los Fondos NGEU, podría haber sido todavía más desolador.
En respuesta a las crisis, los Fondos NGEU ofrecen a España una oportunidad sin precedentes para modernizar sus estructuras económicas, atacando problemas persistentes como el desempleo estructural, la baja productividad en comparación con el promedio de la UE, una capacidad exportadora limitada y una excesiva dependencia del sector turismo.
Sin embargo, el camino hacia la transformación económica está plagado de desafíos, principalmente en la gestión y ejecución de los fondos. Hasta ahora, el Gobierno español ha priorizado la transición ecológica y digital, así como la igualdad de género y la cohesión social en el uso de estos recursos, con un enfoque dominante en las dos primeras áreas. A pesar de esto, el avance en la digitalización empresarial, uno de los objetivos clave para la Comisión Europea, ha sido limitado, poniendo en riesgo incluso futuros desembolsos de fondos.
La raíz del problema parece estar en varios factores estructurales y políticos: una administración pública que lucha por manejar eficazmente el volumen de fondos asignados, los plazos apretados para la presentación de proyectos que disminuyen la calidad y cantidad de las propuestas, y una fragmentación administrativa que obstaculiza la eficiencia del proceso. A ello se suma la polarización política, que impide alcanzar los consensos necesarios para una gestión fructífera de los fondos.
La capacidad limitada de España para aprovechar al máximo los Fondos Next Generation EU no solo amenaza con retener pagos futuros, sino que pone en peligro la posibilidad de llevar a cabo reformas esenciales para el fortalecimiento de su economía. En esta encrucijada, el país se enfrenta a la necesidad urgente de superar barreras estructurales y políticas, para no perder esta oportunidad histórica de rediseñar su modelo productivo y fomentar una recuperación resiliente frente a los desafíos futuros.
