En Copenhague, los líderes de la Unión Europea se reunieron para discutir el futuro de la defensa y la industria militar del continente. Durante el encuentro, se escucharon comentarios críticos dirigidos hacia los países del sur, que, aunque distantes de la amenaza rusa, son vistos como fuentes vitales de apoyo financiero para fortalecer las capacidades defensivas del bloc. La Comisión Europea avanza en la formulación de una hoja de ruta hacia 2030, con propuestas como un sistema de drones para proteger el espacio aéreo europeo, aunque la discusión sobre recursos sigue siendo ambigua.
España, a la que se le menciona específicamente en este contexto, ha aumentado su gasto en defensa hasta el 2% del PIB, cumpliendo con las exigencias de la OTAN. Sin embargo, líderes como el primer ministro finlandés han instado a una mayor colaboración en materia de seguridad, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre el compromiso real de los países del sur con las necesidades del flanco este de la Alianza. Mientras que el Gobierno español asegura su disposición para contribuir sin llegar a gastar lo que otros consideran necesario, la presión sobre los compromisos en capacidades militares se intensifica.
Además, el concepto de «bienes públicos europeos» surge en el debate, promoviendo la idea de que ciertos gastos deben ser compartidos entre todos los estados miembros. Esto plantea no solo desafíos económicos, sino también una reflexión más profunda sobre la voluntad política de España y otros países del sur para involucrarse en un cambio significativo de su política exterior frente a amenazas como la de Rusia. La situación se vuelve compleja al integrar el reconocimiento de preocupaciones legítimas sobre la seguridad en otros flancos, como el sur del Mediterráneo, lo que añade capas de tensión al diálogo sobre defensa en el continente.
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