Bruselas impulsa proyectos estratégicos de minería, pero serán las autonomías quienes tengan la última palabra
La Comisión Europea ha dado a conocer su estrategia para potenciar la autonomía de la Unión Europea en la obtención de materias primas críticas mediante la Ley Europea de Materias Primas Críticas (CRMA). Esta legislación busca estimular la apertura y el desarrollo de minas importantes en naciones miembro, entre ellas España, que contribuyan al abastecimiento de sectores vitales como la transición energética, el desarrollo digital, y la industria de defensa y aeroespacial.
Se destacan dentro de este impulso los yacimientos de litio, cobalto, níquel o titanio, fundamentales en la creación de baterías, paneles solares, semiconductores y piezas para la aviación. Si bien la iniciativa cuenta con soporte institucional, financiero y procedimental de la UE, en España será decisión de las comunidades autónomas, encargadas de las competencias en minería y medio ambiente, aprobar o detener estos proyectos.
Competencias, plazos y obstáculos: el reto de acelerar sin perder control
Con el objetivo de reducir la burocracia a nivel europeo, la CRMA establece un tiempo máximo de 27 meses para la aprobación de nuevos proyectos mineros y de 15 meses para el reciclaje o procesamiento de materiales, en contraste con los hasta quince años que puede tardar actualmente el proceso según expertos del CSIC. Esta ambición coloca a España ante una oportunidad única, pese a los desafíos que supone su tramitación administrativa. Los Estados miembros mantienen la potestad de bloquear proyectos en su territorio, haciendo de la agilidad y competencia técnica de las autonomías factores cruciales para el éxito o fracaso del plan.
