El Gobierno español ha oficializado su intervención ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel, centrada en la situación de la Franja de Gaza y las acusaciones de genocidio. En un paso significativo, Madrid se une de esta forma a otros países como Nicaragua, Colombia, Libia, México y Palestina que ya han intervenido en el caso.
La intervención española se fundamenta en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la cual España es signataria. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, esta acción responde a la responsabilidad del Estado en defender el derecho internacional y apoyar el papel de la CIJ como máximo órgano judicial de las Naciones Unidas.
El comunicado oficial explica que España busca contribuir a restablecer la paz en Gaza y Oriente Medio, subrayando la necesidad de avanzar hacia la solución de dos Estados como única vía para la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. Además, recalca la importancia de cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIJ, que incluyen el cese de operaciones militares y el acceso humanitario a Gaza.
El texto destaca que «España da este paso movida por su responsabilidad» como Estado parte de la de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, «por el firme compromiso con el Derecho Internacional y con la labor de la Corte Internacional de Justicia, apoyando su papel como máximo órgano judicial del sistema de Naciones Unidas y como garante de un orden multilateral basado en reglas».
Entre los argumentos presentados por Madrid para la medida se incluyen el bloqueo de ayuda humanitaria, la destrucción de infraestructuras y declaraciones de autoridades israelíes que podrían respaldar las acusaciones de genocidio. Esta intervención refleja el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y el principio de rendición de cuentas en el ámbito internacional.
La CIJ ya ha emitido medidas cautelares instando a Israel a detener las operaciones militares en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria, aunque estas no han sido acatadas hasta el momento. Con esta intervención, España se compromete a respetar y acatar cualquier fallo que emane de la Corte, lo que refuerza su posición en defensa de un orden internacional basado en reglas y principios éticos fundamentales.
