Hoy, Amnistía Internacional ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 327.000 firmas, recogidas a través de la campaña Seguimos pidiendo Justicia, para reclamar al Parlamento que garantice el respeto, la protección y la realización del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Este acto de entrega de firmas coincide con el día en que tiene lugar el debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno. Esta ley, de aprobarse e implementarse, contribuiría a avanzar en el reconocimiento y la reparación de las víctimas, pero necesita todavía importantes modificaciones para estar completamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional valora positivamente algunas de las medidas que recoge el Proyecto de Ley, como la atribución de responsabilidad al Estado sobre la búsqueda y exhumación de personas víctimas de desaparición forzada; la puesta en marcha de una Fiscalía especializada a la que corresponderá impulsar los procesos de búsqueda de desaparecidos; y la declaración de nulidad de las sentencias injustas dictadas durante la Guerra Civil y el régimen franquista.
“Es una buena noticia que la futura ley establezca que la búsqueda de personas desaparecidas corresponde al Estado, que debe asumir de forma directa las tareas de exhumación e identificación de las víctimas de desaparición forzada, así como la restitución de sus restos a las familias. Lamentablemente esta labor está recayendo desde hace décadas en los propios familiares y en asociaciones privadas. Pedimos que se establezca una oficina de carácter estatal, accesible para las víctimas, que centralice la gestión de estos procesos de búsqueda, y que se asegure en todo caso la actuación de las autoridades judiciales”, manifestó Daniel Canales, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.
La mayor y más preocupante omisión en el Proyecto de Ley se encuentra en la ausencia de medidas que eliminen los obstáculos a la investigación judicial de los crímenes de derecho internacional cometidos en España en el pasado. Estos obstáculos han sido confirmados recientemente por las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que evidencian la persistente negativa del Estado español a poner punto y final a la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo.
Sentencias que perpetúan la impunidad
En febrero de 2021, el Tribunal Supremo dictó una sentencia confirmando el cierre de la investigación del caso de «la fosa de los maestros», un proceso impulsado por la Asociación Recuerdo y Dignidad, que logró exhumar en 2017 la fosa donde se encontraban cinco maestros desaparecidos en Cobertelada, Soria, y entregar sus restos mortales a sus familias al año siguiente. Nueve años después de su sentencia de febrero de 2012, el Tribunal Supremo volvió a rechazar que los tribunales españoles puedan investigar estas graves violaciones de derechos humanos, con base a argumentos contrarios al derecho internacional como la prescripción, la negativa a reconocer la naturaleza continuada de las desapariciones forzadas, el fallecimiento de los presuntos perpetradores, y la aplicación en todo caso de la Ley de Amnistía de 1977, de la que está a punto de cumplirse su 44 aniversario.
En un auto hecho público a finales de septiembre de 2021, el Tribunal Constitucional decidía no conceder amparo a Gerardo Iglesias, que había denunciado ante un juzgado de lo penal haber sufrido torturas bajo detención en tres ocasiones durante el franquismo (1964, 1967, 1974). La negativa a investigar estas denuncias por parte de los tribunales españoles ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, en una decisión adoptada por el voto de ocho magistrados contra tres, que han formulado dos votos particulares. Amnistía Internacional manifiesta gran preocupación por una resolución que asegura que conforme al derecho internacional no existe una obligación para el Estado español de investigar penalmente estas graves violaciones a los derechos humanos, ignorando de esta manera diversos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La ausencia de investigaciones judiciales por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado ha sido denunciada recientemente por mecanismos de Naciones Unidas. El Relator de Naciones Unidas para la promoción de Verdad, Justicia y Reparación, Fabián Salvioni, afirmaba en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos el pasado 16 de septiembre que “en España, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista permanecen impunes”. El Relator reclamaba la derogación de la Ley de Amnistía, y que el Proyecto de Ley de Memoria Democrática otorgue competencias para investigar estas violaciones de derechos humanos a la nueva Fiscalía de Memoria Democrática. Además, pide que los procesos de búsqueda de desaparecidos sean desarrollados en el marco de procedimientos judiciales, como exige el derecho internacional, y lamenta que el Proyecto de Ley no establezca ningún tipo de responsabilidad patrimonial del Estado para con las víctimas, incluidas aquellas condenadas en juicios injustos, lo que contraviene los estándares internacionales.
Por su parte, el Comité contra las Desapariciones Forzadas publicó el 30 de septiembre las conclusiones de su examen al Estado español, en las que reconocía que la futura Ley de Memoria Democrática puede constituir un avance, pero mostrando preocupación por la ausencia de medidas que eliminen los obstáculos a la investigación judicial como la Ley de Amnistía. El Comité instaba a España a investigar judicialmente las desapariciones forzadas, independientemente del tiempo transcurrido desde que se iniciaron, y a considerar la creación de una comisión que determine la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
Mejoras para conseguir una ley efectiva
Amnistía Internacional recomienda al Parlamento que tome en consideración las recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, y que impulse mejoras en el texto de la ley para alinearlas con los estándares internacionales. Por ello, la organización recomienda, entre otros aspectos:
- Que se establezca una política de promoción de la verdad colectiva, y se contemple la creación de un órgano oficial de carácter no judicial que investigue los abusos graves cometidos en este periodo, cuyo objetivo sea contribuir al esclarecimiento de la verdad, pero que no sustituya el derecho de las víctimas a obtener justicia.
- Que ninguna disposición de la Ley de Amnistía de 1977 pueda interpretarse como una norma de impunidad que obstaculice las investigaciones y el acceso a la justicia. Y que se adopten los principios elementales de investigación de crímenes de derecho internacional, como son: la imprescriptibilidad de los delitos, la no aplicación de amnistías, o la obligación de investigar con independencia de la muerte de los presuntos responsables.
- Que se garantice el derecho a la reparación de las víctimas y sus familiares en todas sus vertientes, que van desde la rehabilitación de todos sus derechos hasta la concesión de indemnizaciones por todos los perjuicios económicamente evaluables, incluidos los morales o los daños físicos.
- Que se contemple el establecimiento de un mecanismo o una oficina de carácter estatal, con presencia en todo el territorio y accesible para todas las víctimas, que centralice la gestión de los procesos de búsqueda de los restos mortales de víctimas de desaparición forzada, sin dejar ésta meramente delegada en otras autoridades o niveles de la administración, y asegurando en todo caso la actuación de las autoridades judiciales.
Información de contexto
En septiembre de 2020, el Gobierno inició el proceso de tramitación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Tras ser sometido a audiencia pública, y tras los informes preceptivos de órganos consultivos, el Anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el 22 de julio de 2021, y ahora se haya en trámite parlamentario.
