En un despliegue de firmeza ante las presiones internacionales, el Gobierno español sostiene su rechazo hacia la controvertida «fórmula Rutte», propuesta por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Esta iniciativa, instigada por las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca obligar a los Estados miembros de la Alianza Atlántica a incrementar su gasto en defensa hasta un umbral sin precedentes. La propuesta sugiere un aumento en el gasto en capacidades puramente militares hasta el 3,5% del PIB de cada país miembro, adicionando un 1,5% destinado a otras áreas de la defensa y la seguridad, como la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas.
La resistencia española a esta propuesta se manifestará una vez más en una reunión crucial de ministros de Defensa de la OTAN este próximo jueves en Bruselas. Esta reunión, tildada de decisiva, preparará el terreno para la cumbre de líderes que se llevará a cabo en La Haya a finales de junio, donde se espera se establezca un nuevo objetivo de gasto en defensa. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, reafirmará la postura de España, que ya ha sido expresada tanto públicamente como en privado ante los aliados de la OTAN.
España cuestiona la validez de fijar un porcentaje específico para medir el compromiso de los aliados con el aumento del gasto en defensa, argumentando que deberían ser las propias capacidades acordadas en la reunión lo que determine el gasto necesario de cada Estado miembro. Esta posición, que choca frontalmente con la insistencia de Estados Unidos representada por su embajador en la OTAN, Matthew Whitaker, de alcanzar el 5% en gasto militar, es parte de un amplio debate que incluye consideraciones fiscales, estratégicas y de seguridad nacional.
La negativa española no solamente refleja una divergencia en las políticas de defensa, sino que también destaca una estrategia negociadora más amplia en un momento crítico para la OTAN. La delicada situación fiscal de otros países como Francia o Italia, y la perspectiva de un enorme aumento presupuestario para Alemania, subrayan las complejidades y los desafíos que enfrenta la Alianza para armonizar las demandas de Estados Unidos con las realidades económicas y de seguridad de cada miembro.
La ministra Robles ha sido clara en su posición, afirmando que «en este momento, no procede hablar de nuevos porcentajes», sino de evaluar las «capacidades que se necesitan». Esta perspectiva, que aboga por un enfoque más matizado y realista, subraya la prioridad de no sobrecargar a las industrias de defensa europeas y de considerar las necesidades reales de las fuerzas armadas en lugar de adherirse ciegamente a objetivos percentuales.
Mientras España encabeza la oposición a la «fórmula Rutte», la solidaridad entre algunos Estados miembros y su compromiso previo de alcanzar el 5% de gasto en el PIB en defensa revelan una división en la estrategia de seguridad colectiva. A pesar de las tensiones, la creencia generalizada es que el compromiso estadounidense con la seguridad de Europa permanece firme, aunque el debate sobre cómo equilibrar los aportes económicos de cada lado del Atlántico continúa abierto.