La falta de una legislación específica a nivel nacional para combatir la contaminación lumínica en España es una preocupación creciente entre expertos y autoridades locales. A pesar de los esfuerzos individuales de ciudades como Zaragoza para modernizar su alumbrado público y reducir la sobreiluminación, el país carece aún de un marco legal que aborde este problema de manera integral.
La contaminación lumínica, que interfiere tanto con la vida de las especies nocturnas como con el bienestar humano, ha aumentado significativamente con la expansión del uso de luces LED. Este fenómeno no solo impide la observación de las estrellas, sino que también contribuye a una variedad de problemas de salud y ambientales. La luz excesiva puede alterar los ciclos de sueño de las personas y desorientar a la fauna, afectando sus patrones de caza y migración.
Susana Malón, física y directora de Lumínica Ambiental, subraya la necesidad de un enfoque cuidadoso en el diseño de las instalaciones de iluminación para minimizar su impacto. Además, destaca la importancia de la educación pública sobre los beneficios de un cielo oscuro, no solo para la observación astronómica, sino también para la salud y la biodiversidad.
Aunque algunas regiones en España, como Cataluña y las Islas Baleares, han tomado la iniciativa con regulaciones propias, la ausencia de una política coherente a nivel nacional limita la efectividad de estos esfuerzos. La reciente aprobación de la Ley Europea de AI ha clarificado algunos aspectos regulatorios, proporcionando un modelo que podría extenderse a la contaminación lumínica, sugiriendo la posibilidad de una futura legislación que aborde este tema de manera más global y coordinada.
La situación actual evidencia una necesidad urgente de acción legislativa que pueda guiar y uniformizar las políticas a nivel local y autonómico, asegurando que España pueda enfrentar eficazmente los desafíos de la contaminación lumínica y sus efectos perjudiciales sobre el ambiente y la sociedad.
