En un reciente anuncio desde Lisboa, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, aseguró que el país ibérico logrará cumplir con su compromiso de inversión en defensa ante la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), destinando al menos un 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) a gastos militares «mucho antes» del año 2029. Este compromiso, conocido como «compromiso de Gales» fue establecido en 2014, y España parece decidida a no solo alcanzarlo sino sobrepasarlo con antelación, aunque sin establecer una fecha precisa para su cumplimiento.
La iniciativa de adelantar la fecha surge en medio de esfuerzos por parte del Ejecutivo español por redefinir los criterios bajo los cuales se contabilizan los gastos en defensa dentro de la alianza. En particular, España aboga porque se consideren las inversiones en lucha contra el terrorismo dentro del cálculo del 2%, en línea con el concepto estratégico propuesto durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022. De materializarse esta propuesta, el cumplimiento del compromiso podría adelantarse significativamente, incluso, según han indicado fuentes aliadas, antes de la próxima cumbre de líderes de la OTAN programada para finales de junio en La Haya, Países Bajos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había adelantado en marzo, durante un Consejo Europeo, la intención de España de alcanzar el objetivo del 2% previo a la fecha límite original de 2029. Sin embargo, ni él ni la ministra Robles han proporcionado un nuevo límite temporal específico. A este respecto, señalamientos recientes del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insinuaron una posible aceleración de estos planes, aunque el Gobierno español se apresuró a matizar sin negar el fondo de la iniciativa.
Actualmente, España destina el 1,28% de su PIB a gasto militar, lo que implica que necesita incrementar su inversión en aproximadamente 11.500 millones de euros para alcanzar el 2%. La posibilidad de expandir la categorización de gastos de defensa a incluir partidas del Ministerio del Interior y otras inversiones en seguridad fue discutida, aunque este enfoque genera división dentro del Consejo de Ministros y carece de apoyo en el Congreso de los Diputados.
Paralelamente, el Gobierno español también promueve ante la Unión Europea un enfoque más amplio en cuanto a qué se considera inversión en seguridad y defensa. La Comisión Europea ha sugerido no contabilizar estos gastos dentro de las reglas fiscales de la UE y ha propuesto un fondo de 150.000 millones de euros para financiar proyectos que fortalezcan la capacidad de disuasión del continente. Esta iniciativa refleja el deseo de incluir gastos en ciberseguridad y control de fronteras, aunque fuentes comunitarias han expresado dudas sobre la viabilidad de adoptar una interpretación tan amplia de gasto en defensa.
A pesar de la ambigüedad en las fechas concretas y los desafíos políticos internos y externos, el compromiso de España con el incremento del gasto en defensa refleja una política de alineación más estrecha con los objetivos de la OTAN, en un momento en que líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogan por aumentos sustanciales que van más allá del 2%, llegando incluso hasta un 5% del PIB en defensa. La próxima cumbre en La Haya será, sin duda, crucial para definir el futuro inmediato de los objetivos de inversión en defensa de la alianza.
