Georgia ha tomado, una vez más, el centro de atención en el panorama electoral estadounidense, tras adoptar una controvertida normativa que exige el recuento manual de todas las papeletas en cada distrito electoral, además del conteo automático ya existente. La medida, impulsada en un contexto político altamente polarizado, ha suscitado una amplia gama de críticas por parte de expertos y funcionarios, quienes advierten sobre las consecuencias problemáticas que podría acarrear, desde la desaceleración del proceso electoral hasta el fomento de nuevas teorías de conspiración.
La decisión, aprobada por la Junta Estatal Electoral de Georgia con una votación de 3 a favor y 2 en contra, ha sido defendida por sus promotores como un esfuerzo para garantizar la transparencia y la precisión de los resultados electorales. Sin embargo, esta acción ha sido calificada por los detractores como un movimiento innecesario que podría resultar en una mayor confusión y lentitud en el procesamiento de los votos, abriendo la puerta a disputas y teorías conspirativas adicionales.
Esta no es la primera vez que Georgia se encuentra en el ojo del huracán político. En las elecciones de 2020, el estado se convirtió en escenario de acusaciones infundadas de fraude electoral promovidas por el entonces presidente Donald Trump y algunos de sus partidarios más acérrimos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Trump, en una llamada telefónica, instó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a «encontrar» los votos necesarios para revertir su derrota electoral. Años después, ese episodio sigue siendo motivo de controversia y ha culminado en un proceso penal contra Trump.
La nueva normativa ha encontrado oposición incluso dentro del propio Partido Republicano. Personas como Raffensperger y el fiscal general del Estado, Chris Carr, han expresado su desacuerdo, argumentando que la medida podría incrementar los errores humanos y no está fundamentada en ninguna ley estatal. Ante esta situación, Carr ha indicado que tomará acciones legales para impedir la implementación de la resolución.
La preocupación se extiende a los efectos prácticos de la norma, con varios funcionarios electorales advirtiendo sobre la inviabilidad de un recuento manual de votos en el marco temporal requerido por la ley. Este cambio tan radical, a solo semanas de los próximos comicios, ha sido descrito como una receta para el desastre, especialmente en un estado que es crucial en la batalla por la Casa Blanca.
Georgia, junto a otros estados clave, tiene el potencial de definir el resultado de la elección presidencial en un sistema donde el ganador en cada estado se lleva todos los votos electorales. En este sentido, cualquier retraso o controversia en el conteo de votos no solo afectaría a Georgia, sino que tendría repercusiones en todo el país.
Además, la Junta Electoral de Georgia ha añadido otra capa de complicación al aprobar una norma que permite retrasar la certificación de resultados en caso de supuestas irregularidades. Esta combinación de factores promete un escenario electoral tenso y potencialmente caótico, en el que la credibilidad del proceso electoral podría verse seriamente comprometida.
En última instancia, estas decisiones reflejan la persistente influencia de las narrativas falsas sobre el fraude electoral en 2020, denominadas por los críticos como «la Gran Mentira». A pesar de las evidencias en contra, significativas facciones del Partido Republicano continúan promoviendo medidas que, aunque presentadas como soluciones para asegurar el proceso electoral, tienen el potencial de socavar la confianza pública y la estabilidad democrática.
