El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha destacado recientemente que todas las entidades asociativas que forman parte de esta plataforma están trabajando en una estrategia para asegurar que los derechos sociales queden protegidos en la nueva redacción del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma. Además, ha solicitado que el diálogo civil entre las administraciones se fortalezca, no solo con el Gobierno regional, sino también con los ayuntamientos y las diputaciones.
De acuerdo con Romero, en los cambios que se realicen en la Carta Magna de Castilla-La Mancha, es fundamental incluir «derechos que son básicos y que deben estar blindados, sin importar quién esté gobernando». Para lograr esto, es necesario reconocer la «singularidad» del Tercer Sector y garantizar que haya una comunicación fluida con todas las partes involucradas.
En este sentido, se propone que no solo el Gobierno de la Comunidad Autónoma esté presente en este diálogo, sino que también se avance en la creación de «estructuras de diálogo civil» a nivel local, ya que muchos servicios son proporcionados por entidades sociales y la ciudadanía vive en pueblos y ciudades.
Sin embargo, hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta por parte del Gabinete de Presidencia en relación a sus peticiones. Aunque han trasladado sus solicitudes de manera informal y por escrito, aún no han obtenido noticias al respecto.
Asimismo, José Antonio Romero, en su calidad de gerente del CERMI de Castilla-La Mancha, ha expresado su deseo de que la Comisión Permanente No legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad, establecida en el Parlamento de Castilla-La Mancha, tenga un mayor protagonismo y mejore a lo largo de los próximos años. Para ello, propone que se abra un espacio para que los responsables de diferentes departamentos de la administración regional puedan dar explicaciones de las medidas que se están tomando en materia de empleo, atención sanitaria y otros ámbitos relacionados con la discapacidad.
En relación a la situación de pandemia, que ha ralentizado el progreso de esta comisión, Romero se muestra esperanzado de que se reactive con mayor fuerza en el futuro. Su objetivo es que todas las entidades de discapacidad tengan la oportunidad de trasladar su situación a las Cortes de Castilla-La Mancha. Además, propone que se realice una comparecencia específica durante el diseño de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, para que el Gobierno autonómico explique cómo se destinará el dinero a políticas para la discapacidad.
En resumen, el Tercer Sector de Castilla-La Mancha busca asegurar que los derechos sociales estén protegidos en la nueva redacción del Estatuto de Autonomía y reclama un diálogo civil fortalecido con las administraciones tanto regionales como locales. A pesar de solicitar un Consejo de Gobierno abierto con el Tercer Sector, aún no han recibido respuesta por parte del Gobierno regional. Por otro lado, el CERMI de Castilla-La Mancha propone que la Comisión Permanente No legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad tenga un mayor protagonismo y se abra un espacio para el intercambio de información y explicaciones por parte de los responsables de la administración regional.
