La Audiencia Provincial de Ciudad Real se dispone a juzgar el caso de P.R.R., un hombre de 57 años, acusado por presuntamente haber cometido agresiones sexuales contra dos de sus sobrinas políticas que, en el momento de los hechos, contaban con 7 y 11 años de edad. El juicio se llevará a cabo los próximos días martes y miércoles, 2 y 3 de abril.
Según el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal, el acusado habría incurrido en estos actos entre los años 2010 y 2019, período en el cual las menores estaban bajo la tutela de él y su esposa. La Fiscalía solicita una pena de 24 años de prisión por la gravedad de los hechos.
Las víctimas, cuya identidad se preserva por razones legales, provienen de un entorno familiar extremadamente problemático y de exclusión social. Luego de múltiples cambios de entorno y con una supervisión materna considerada deficiente, las jóvenes acabaron bajo la tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y finalmente acogidas por el acusado y su esposa.
La Fiscalía argumenta que P.R.R. se valió de su posición dentro del núcleo familiar, asumiendo un rol similar al de una figura paterna, para cometer una serie de tocamientos indebidos, penetraciones y otros actos de connotación sexual, manipulando a las menores con engaños, haciéndoles creer que eran juegos o ejerciendo sobre ellas chantaje emocional.
El ministerio público relata cómo el hombre exigía a las jóvenes actos sexuales a cambio de levantar castigos o bajo la premisa de que tenía derecho a ello por proporcionarles sustento y techo. Estos abusos comenzaron desde el inicio de la convivencia con las menores, acentuándose con el paso del tiempo.
Por estos actos, se solicita no sólo la pena de prisión sino también una orden de alejamiento por 20 años que impida al acusado acercarse a las víctimas a una distancia de menos de 500 metros. Adicionalmente, se exige una compensación por daño moral, cifrado en una indemnización de 30.000 euros para cada una de las afectadas.
Con todos estos elementos en consideración, la Audiencia Provincial de Ciudad Real deberá determinar la responsabilidad penal de P.R.R. y dictaminar las consecuencias jurídicas de sus actos en los próximos días.
