La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al informe de fiscalización referente a las cuentas anuales del ejercicio 2021 del sector público empresarial de la comunidad autónoma. Según ha difundido la entidad mediante una nota de prensa, el endeudamiento agregado alcanzó los 228 millones de euros, lo que refleja una disminución del 3% en comparación con el año anterior.
El informe ha realizado una revisión pormenorizada de la situación financiera y de las operaciones de gestión de las entidades públicas del ámbito regional. Las medidas de control adoptadas buscan comprobar el cumplimiento con los estándares y normativas contables pertinentes. En este contexto, también se han ponderado los resultados previamente aportados tanto por auditores del sector público como del privado.
Las empresas sometidas a este escrutinio incluyen nombres como Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, entre otras, todas las cuales están contempladas dentro de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
El informe subraya que todas las empresas del sector finalizaron, aprobaron y presentaron sus respectivas cuentas a tiempo, además de someterlas a las auditorías externas y al control financiero por parte de la Intervención General. La financiación de estos organismos, que manejaron en conjunto un presupuesto de 211 millones de euros, provino en gran parte de las transferencias proporcionadas por la administración regional y sus dependencias.
Además del panorama fiscal, el sector abordó con éxito obligaciones en materia de información de la deuda comercial y extendió esfuerzos para acatar términos de transparencia, igualdad e integridad. La administración regional ofreció cobertura y apoyo ante pérdidas a través de consignaciones en el presupuesto anual.
Aunque las empesas han cumplido generalmente con sus obligaciones, se han identificado áreas de mejora, enfocándose el informe en emitir varias recomendaciones. Estas incluyen el desarrollo de supervisión continua sobre las labores del sector público empresarial y que se tomen medidas para aprobar los Planes de Igaldad pendientes. Se enfatiza también en la necesidad de mejorar la transparencia, mediante la actualización de la publicación de información en formatos reutilizables y en que ciertas entidades adopten planes de tesorería que aseguren el cumplimiento de los tiempos de pago.
La publicación culmina con 27 conclusiones derivadas del exhaustivo trabajo realizado y un conjunto de 8 recomendaciones especiales destinadas tanto a las entidades empresariales fiscalizadas como a sus respectivas Consejerías. Las empresas han demostrado una actitud constructiva frente a las recomendaciones, optando por medidas correctoras que han recibido una valoración positiva de la Cámara de Cuentas.
