En un giro inesperado de los acontecimientos que involucran a figuras públicas y el tema siempre polémico de la ocupación ilegal de propiedades, Daniel Guzmán, famoso por su memorable personificación de Roberto en la serie «Aquí no hay quien viva», se encuentra en el ojo del huracán judicial. El actor ha sido sentenciado por un delito leve de lesiones contra unos jóvenes que ocupaban ilegalmente una de sus propiedades en Madrid, reveló el medio El Salto. La noticia, que ha resonado en varios medios de comunicación, entre ellos «Espejo Público» de Antena 3, la misma cadena que albergó la exitosa serie, ha suscitado un amplio debate sobre la justicia y la autodefensa de la propiedad.
Según se ha informado, el magacín matinal de Atresmedia obtuvo las primeras declaraciones de Guzmán post-condena. El actor se manifestó en términos fuertes contra el proceso judicial, calificándolo de «absolutamente nulo». Asegura que no se encontraba en el inmueble en cuestión y que jamás fue notificado de la denuncia, tachando todo el proceso de «absurdo». Sin embargo, estas aseveraciones fueron rápidamente cuestionadas por Montse Suárez, abogada y colaboradora del programa, quien aseguró que, de acuerdo con información del Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid, Guzmán había sido debidamente citado.
Este caso pone de relieve la legislación que permite a un acusado no asistir a su propio juicio por delitos leves, lo que en opinión de algunos puede propiciar una falta de confrontación directa con las acusaciones. Suárez argumentó que, si bien Guzmán ejerció su derecho a no presentarse, esto podría ser interpretado como un intento de evadir la publicidad negativa de una aparición en los tribunales.
La colaboradora del programa fue más allá al comentar sobre la pena impuesta a Guzmán, indicando que los 350 euros de indemnización por responsabilidad civil que debe pagar le parecen insuficientes dada la naturaleza de las lesiones, las cuales, afortunadamente para el actor, no requirieron de una asistencia médica continua y, por lo tanto, fueron consideradas no graves.
Este incidente ha provocado una avalancha de opiniones en las redes y medios, con personas defendiendo la necesidad de proteger la propiedad privada, mientras que otras critican lo que ven como un uso desproporcionado de la fuerza. Más allá de los hechos específicos de este caso, se plantea un debate más amplio sobre los límites de la ley y la moralidad en situaciones de conflicto por la propiedad y la ocupación ilegal.
