En un desayuno empresarial organizado por Globalcaja este miércoles en Albacete, Margarita Delgado, la gobernadora en funciones del Banco de España, ha compartido datos económicos que reflejan los retos que presenta Castilla-La Mancha frente a la coyuntura nacional. Durante su participación, Delgado apuntó a un descenso en la facturación y en el empleo de las empresas de la región durante el primer trimestre de 2024, una situación que contrasta con el crecimiento observado a nivel nacional.
A pesar de ser la novena región menos poblada del país, con 2.100.000 habitantes – el 4,3% de la población española –, Castilla-La Mancha ha logrado situar su Producto Interior Bruto por encima de los niveles previos a la crisis de la burbuja inmobiliaria. De hecho, la región ocupa el noveno lugar en cuanto a la contribución al PIB español, con un 3,5%. «Desde el año 2000 es la tercera región que se ha comportado mejor», aseguró Delgado.
No obstante, la gobernadora en funciones indicó que, a pesar de estos indicadores, el PIB per cápita de Castilla-La Mancha, establecido en 22.574 euros, permanece casi un 20% por debajo de la media española y es el cuarto más bajo del país. Además, existen disparidades notables entre provincias, con Toledo registrando un PIB per cápita un 20,3% inferior al de Cuenca.
La estructura económica de la región destaca por un sector agrario que representa un 8,3% frente al 2,6% de la media nacional, junto a una industria que alcanza el 21,2%, comparado con el 17,4% general de España.
En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de paro en Castilla-La Mancha alcanza el 15%, ubicándose 2,7 puntos por encima de la media del país. Además, la tasa de temporalidad del sector privado supera la media con un 7,7% registrado en el último trimestre de 2023.
Finalmente, en materia de inflación, la gobernadora en funciones señaló que esta ha repuntado en mayor medida en la región durante 2022 y 2023. No obstante, los salarios del convenio están aumentando a un ritmo ligeramente inferior al de la media nacional en 2024, un dato que puede influir en la capacidad adquisitiva de los trabajadores castellanomanchegos.