En un giro dramático de los acontecimientos que sacude la estabilidad política de Bolivia, el presidente Luis Arce ha lanzado serias acusaciones contra sectores afines a Evo Morales, exmandatario y figura central del Movimiento al Socialismo (MAS), tras la toma de tres cuarteles militares en el Trópico de Cochabamba, un área conocida por ser un bastión del liderazgo sindical y político de Morales.
Según Arce, esta acción constituye una «traición a la patria», ya que dichos grupos armados no solo se apoderaron de instalaciones militares sino que también retuvieron a militares y sus familias como rehenes, poniendo sus vidas en grave peligro. Este hecho ha sido denunciado ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional, exacerbando las tensiones no solo dentro del país sino también en el escenario político internacional.
El mandatario boliviano ha expresado su repudio a estos hechos, calificándolos de delito de traición a la nación y afrenta a la Constitución, las Fuerzas Armadas y el pueblo de Bolivia, el cual, según indica, rechaza categóricamente los bloqueos criminales y acciones delictivas vinculadas a Evo Morales. Las declaraciones de Arce subrayan la gravedad de la situación, enfatizando que los militares retenidos no estaban realizando ninguna intervención operativa, sino simplemente cumpliendo con la guarda de sus respectivas unidades, muchas de las cuales incluyen personal de origen popular e indígena.
La crisis se agudiza con los esfuerzos por desbloquear las carreteras en Cochabamba, afectadas por las protestas de afiliados a Morales que piden el cese de procesos judiciales contra el exmandatario, una solución a la crisis económica y apoyo a su candidatura presidencial para 2025. La ocupación de las unidades militares, incluido el acceso al armamento, ha sido catalogada por Arce como un acto criminal que trasciende cualquier reivindicación social legítima, señalando un intento de desestabilización gubernamental y una amenaza a la democracia del país.
En respuesta, el Gobierno boliviano se ha comprometido a restaurar el orden público y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, priorizando la paz social y el derecho al libre tránsito y acceso a servicios básicos. Este compromiso se enmarca en un contexto de polarización política, exacerbada por la distancia entre Arce y Morales, y acusaciones mutuas de traición y mal gobierno.
La tensión entre Arce y Morales refleja una profunda división dentro del MAS y pone en evidencia los retos que enfrenta Bolivia en el camino hacia las elecciones de 2025. La situación actual destaca no solo las fracturas internas en el partido gobernante sino también los desafíos en la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en Bolivia.
