En un movimiento decisivo que ha generado intensos debates, la administración del presidente Biden ha iniciado el proceso de desmantelamiento de programas y políticas enmarcados en el concepto de «diversidad, equidad e inclusión» (DEI). Este ese un cambio significativo que busca modificar drásticamente la forma en que el gobierno federal aborda la diversidad y la equidad, tras años de implementación de estrategias impulsadas por el anterior gobierno.
La decisión, anunciada formalmente a través de una orden ejecutiva, proviene de un contexto donde las iniciativas de DEI fueron consideradas por algunos sectores como perjudiciales para la igualdad de oportunidades. «El pueblo americano merece un gobierno que sirva a todos con dignidad y respeto, y que utilice recursos públicos de manera responsable», declaró un portavoz de la administración, reflejando el argumento central de la nueva política.
La orden ejecutiva establece que el Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), junto con otros altos funcionarios, coordinará la eliminación de todos los programas y mandatos relacionados con DEI y DEIA, así como aquellos vinculados a la «justicia ambiental». Se exige a todas las agencias gubernamentales que, en un plazo de 60 días, inicien la cesación de estos programas, que muchos consideran como ejemplos de discriminación encubierta bajo la premisa de promover la equidad.
Las agencias también deben proporcionar un inventario de posiciones y presupuestos relacionados con DEI y DEIA que existan hasta el 4 de noviembre de 2024, así como una evaluación de cualquier intento de reetiquetar dicho personal o programas para evitar su eliminación. Este proceso de auditoría pretende asegurar que no se mantengan prácticas de preferencia basadas en criterios de diversidad que contradicen la nueva política de igualdad.
Por su parte, los detractores de esta medida argumentan que abolir tales programas puede llevar a una regresión en los avances logrados en la inclusión y diversidad dentro de la administración pública. En reacción, defensores de la política del gobierno actual sostienen que el enfoque de DEI ha llevado a una cultura de favoritismo y que con este cambio se devolverá la meritocracia a la esfera pública.
La política de «responsabilidad individual» y enfoque en el rendimiento laboral son ahora los pilares de la evaluación y contratación en la administración federal, al señalarse que cualquier consideración sobre DEI en los procesos de revisión de desempeño de los empleados será completamente excluida. Este enfoque, según la administración, no solo es más equitativo, sino que también optimiza el uso de los recursos públicos.
A medida que avanza este cambio, se espera un análisis extensivo de los efectos que tendrá en el personal y los operaciones del gobierno federal. Los cambios propuestos han puesto en el centro del debate nacional la tensión entre la búsqueda de inclusión y el ideal de igualdad en la gestión gubernamental. Muchos observadores están atentos a cómo se desarrollarán estas políticas en un ambiente político y social ya polarizado.
Con una casi garantizada controversia en el horizonte, el futuro de la administración Biden y su abordaje hacia las cuestiones de diversidad y equidad se redefinirá ante una ciudadanía expectante.
Fuente: WhiteHouse.gov
