El TSJCM Anula El Reglamento De Caza De Castilla-La Mancha Por Inconformidad Jurídica

El TSJCM declara la nulidad del Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha declarado nulo el Reglamento de Caza de la región, el cual fue aprobado mediante el Decreto 15/2022 del 1 de marzo, tras aceptar un recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción.

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 1 del TSJCM, según ha informado Europa Press, considera que la aprobación del mencionado Decreto adoleció de un «defectuoso cumplimiento del procedimiento», derivado de la «omisión del informe preceptivo del Consejo Regional de Caza». Este fallo pone de manifiesto irregularidades significativas en el proceso de aprobación del reglamento.

Miguel Ángel Hernández, representante de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, ha expresado que esta decisión judicial evidencia «el poco respeto a la legalidad» que muestra el Gobierno regional en la creación de normas de gran importancia, así como el escaso valor que otorga a los órganos de participación. Hernández ha denunciado que con el Reglamento de Caza, el Gobierno regional pretende favorecer al lobby cinegético, ocultando al público modificaciones sustanciales negociadas a puerta cerrada, las cuales han provocado un incremento notable del impacto de la caza sobre el medio ambiente en la región.

La organización ecologista ha manifestado su preocupación por los procedimientos que considera «ilegales y antidemocráticos» que, según su crítica, el Gobierno regional ha estado implementando en la aprobación de normativas que afectan tanto al medio ambiente como a la ciudadanía en general.

Ecologistas en Acción aboga por una mayor participación social en la creación de cualquier tipo de normativa y ha instado al Gobierno regional, en particular a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a que escuche las opiniones de todas las partes interesadas, incluyendo a aquellos fuera de los sectores económicamente afectados. Además, han señalado que atender las críticas y alegaciones presentadas podría llevar a mejorar de manera considerable las normativas, aliviando así los conflictos judiciales que surgen a raíz de su mala elaboración.

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