El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos hombres implicados en una serie de robos con fuerza en Albacete, donde se apropiaron de dinero en efectivo, máquinas tragaperras, tabaco, jamones y licores en diversos bares y naves industriales. La sentencia ratifica los 10 años y 6 meses de prisión para uno de los condenados, quien fue hallado culpable de un delito continuado de robo y otro de atentado, mientras que su compañero recibió una condena de 5 años y 6 meses por su complicidad en los delitos.
Los hechos ocurrieron entre julio y septiembre de 2019, con el primer robo registrándose en el Bar Cástulo durante la madrugada del 17 de julio, donde los hombres accedieron tras romper los cristales y sustrajeron una máquina de tabaco, un jamón, 240 euros en efectivo, y varios productos más. Posteriormente, en el mes de septiembre, continuaron con su serie de robos, incluyendo la irrupción en el establecimiento Cafestore, donde violentaron puertas para apropiarse de dos máquinas tragaperras y otros artículos.
En total, los condenados realizaron al menos once robos, acumulando un extenso botín que incluía desde cartones de tabaco y juguetes hasta herramientas y hasta 38 botellas de licor. Su última acción delictiva antes de ser detenidos involucró la sustracción de un Ford Fiesta. En su intento de evasión durante un control de la Guardia Civil el 28 de septiembre de 2019, aceleraron bruscamente en un intento de huir, lo que provocó la lesión de uno de los agentes y daños en dos vehículos de la Guardia Civil.
Tras su detención, se llevó a cabo un registro en sus domicilios, donde se incautaron 16.720 euros en efectivo, considerados producto de los robos. A pesar de los recursos de casación presentados por los condenados, alegando vulneraciones de sus derechos fundamentales y una posible infracción de ley, el Tribunal Supremo desestimó todas sus alegaciones. En su sentencia, el Tribunal subrayó la gravedad del atentado a la autoridad, recordando que el uso de un vehículo como medio de agresión se considera como un acto que implica un alto riesgo para las personas encargadas de la aplicación de la ley.
