El Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación de la Junta y ratifica la condena por la macrogranja de Huerta de la Obispalía

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que condenaba a la Junta y a la empresa Hermanos Matas de Huerta S.L. por incumplir la normativa ambiental en la autorización de la macrogranja en Huerta de la Obispalía. La demanda había sido interpuesta por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey, que ya sufría los efectos de otra macrogranja de la misma empresa, responsable de la contaminación de un acuífero con nitratos.

La sentencia del TSJCLM, emitida en enero de 2018, dictaminó que la autorización ambiental integrada (AII) otorgada por la Junta a la macrogranja era ilegal. Sin embargo, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural no acató la sentencia, acelerando en cambio los trámites para una nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI), permitiendo así la continuación ininterrumpida de la actividad de la macrogranja. Hermanos Matas de Huerta S.L. opera un total de cinco explotaciones en Huerta de la Obispalía, con capacidad para 22.000 plazas de cebo y 2.500 madres.

El Supremo rechazó el recurso de casación el pasado 26 de junio debido a la falta de fundamentación suficiente y a que no correspondía a un recurso de este tipo, que se centra en la valoración de los hechos y las pruebas, no en cuestiones procesales.

Toni Jorge, presidente de Ecologistas en Acción de La Manchuela, criticó duramente la postura de la Junta. «En lugar de defender el bien común, la Junta se alinea nuevamente con una empresa infractora, rompiendo el principio de seguridad jurídica e imparcialidad», afirmó Jorge. Además, señaló que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en marzo por no cumplir con la normativa de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos, destacando repetidos incumplimientos en Castilla-La Mancha.

La decisión del Tribunal Supremo es un importante respaldo a las demandas de las comunidades locales y ecologistas que luchan por proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad del agua en la región.

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