El Tribunal de Cuentas ha realizado un profundo análisis sobre la gestión de las subvenciones sociales concedidas por diversos ayuntamientos de grandes ciudades españolas, destacando la necesidad de priorizar la concurrencia competitiva en la asignación de estas ayudas. Esta decisión surge tras la identificación de irregularidades en la concesión directa de subvenciones, la cual solo debería llevarse a cabo en circunstancias justificables.
El informe del Tribunal señala que, luego de fiscalizar las ayudas sociales otorgadas por los consistorios de Albacete, Badajoz, Cartagena, Logroño, Murcia y Santander durante el año 2021, se puso de manifiesto un notable incremento en la demanda de estas ayudas, atribuible a la crisis económica provocada por la pandemia. En este contexto, el órgano fiscalizador destaca la importancia de una correcta presupuestación y gestión de los fondos destinados a acción social, ante el aumento de personas en situación de vulnerabilidad.
Los datos revelan que en 2021, estas seis ciudades destinaron un total de 20,4 millones de euros en ayudas, beneficiando a más de 13.000 personas en situaciones críticas y a 626 organizaciones sin ánimo de lucro. Las ayudas fueron distribuidas de la siguiente manera: 9 millones para el municipio de Murcia; 3,4 millones en Logroño; 2,5 millones tanto en Cartagena como en Santander; y 1,4 millones en Albacete y Badajoz.
El Tribunal de Cuentas ha subrayado que, salvo el de Albacete, la mayoría de los ayuntamientos optaron por la concesión directa de estas ayudas, en lugar de implementar el procedimiento de concurrencia competitiva, que asegura principios esenciales como la publicidad y la transparencia. Esta situación ha generado irregularidades en la valoración y evaluación de las solicitudes, evidenciando una insuficiente definición de criterios y una vacía justificación en las puntuaciones asignadas.
Con el objetivo de mejorar estos procesos, el informe recomienda la definición precisa de los requisitos de los solicitantes y la elaboración de criterios de evaluación claros. Además, instan a los ayuntamientos a documentar adecuadamente las valoraciones realizadas por las comisiones encargadas de este proceso. El documento también señala que, con excepción de Badajoz, los demás ayuntamientos contaron con un plan estratégico de subvenciones en 2021, aunque se identificó la ausencia de manuales internos que regularan la gestión de estas ayudas, lo que refuerza la necesidad de establecer procedimientos documentados de verificación.
El Tribunal de Cuentas concluye apelando a la responsabilidad de los consistorios para asegurar una gestión adecuada y transparente de las ayudas sociales, especialmente en tiempos de creciente necesidad social.
