El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado analizar si la ley de interinos aprobada en 2021 se ajusta a la Constitución, en particular por su posible conflicto con el derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Este examen se produce tras la admisión de una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) que pone en duda la legalidad de dos disposiciones adicionales de la citada normativa.
La ley en cuestión, que busca un proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración en las Administraciones públicas, contempla el uso del concurso de méritos para regularizar plazas ocupadas temporalmente de manera ininterrumpida antes del 1 de enero de 2016. La medida prioritaria de esta ley es reducir la temporalidad en el empleo público a menos del 8% en todas las Administraciones. En 2021, la Administración General del Estado ya había alcanzado este porcentaje, pero la situación variaba en otros ámbitos territoriales.
La cúspide judicial castellanomanchega ha puesto en cuestión la normativa al considerar que al valorar predominantemente la experiencia como interino puede vulnerarse el principio de igualdad de acceso al empleo público. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho tribunal establece que tal regulación podría no cumplir con las premisas que el Tribunal Constitucional ha fijado reiteradamente en lo que respecta a los procesos selectivos que facilitan el acceso a la función pública para los interinos. Específicamente, apuntan a la necesidad de que estas facilidades respondan a situaciones excepcionales que no puedan ser atribuidas a la Administración y que deberían implementarse únicamente en una ocasión.
Además, el TSJ cuestiona la constitucionalidad de la ley en términos de competencias. De acuerdo con su visión, la normativa podría exceder sobre las establecidas como bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y afectar las facultades de autoorganización de las comunidades autónomas. Argumentan que, al imponer un sistema de concurso obligatorio y un calendario específico a todas las Administraciones públicas, la ley interfiere en la autonomía de las comunidades para realizar decisiones autoorganizativas, lo que consideran una vulneración competencial.
El magistrado Enrique Arnaldo, perteneciente al ala conservadora del TC, ha sido el encargado de elaborar la ponencia para este trámite, el cual fue acordado por unanimidad por el Pleno del Tribunal Constitucional. La resolución final del TC sobre la constitucionalidad de la Ley 20/2021 tendrá profundas implicaciones en el marco del empleo público y el acceso a la función pública en España.
