La Mesa del Tercer Sector ha expresado su apoyo a la solicitud de CCOO para que la Consejería de Bienestar Social revise algunas disposiciones de la Orden que regula el Concierto Social, el cual gestiona el servicio de acogimiento residencial de menores y la ejecución de medidas judiciales. José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector, lamentó haber conocido detalles de este concierto únicamente tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Romero destacó que existe discrepancia respecto a la actualización de los salarios de los trabajadores, que, según la administración, deben alinearse con las retribuciones del personal de la Junta de Comunidades. El presidente de la Mesa del Tercer Sector argumenta que los salarios deberían ajustarse al convenio colectivo aplicable, citando ejemplos de otras regiones donde se han implementado criterios similares en sus conciertos sociales.
Además, expresó preocupación sobre el presupuesto asignado al concierto, que supera los 106 millones de euros para el periodo 2024-2029. Esto plantea dudas sobre la capacidad de las entidades para afrontar incrementos salariales debido a la próxima entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo.
Por otro lado, se hizo un llamado a revisar las subrogaciones, proponiendo que, en caso de cambio de entidades que gestionan un recurso, la nueva entidad debe conservar al personal ya asignado. Romero subrayó la importancia de garantizar estabilidad en las entidades que brindan estos servicios.
A pesar de las preocupaciones, la Mesa del Tercer Sector celebra que el servicio de acogimiento residencial se regule a través del Concierto Social, en lugar de depender de subvenciones, y aprecian la revisión de los precios plaza, considerando que se ha incrementado adecuadamente respecto a los montos anteriores.
En respuesta a declaraciones del secretario regional de CCOO sobre la rentabilidad de las ONGs, Romero defendió la naturaleza sin ánimo de lucro de estas entidades, aclarando que no se reparten beneficios y que su funcionamiento está sujeto a auditorías, con los precios determinados por la Administración.
Finalmente, en relación con la acogida de menores extranjeros no acompañados, la Mesa del Tercer Sector afirmó que las organizaciones están dispuestas a continuar prestando este apoyo, siempre que cuenten con el financiamiento adecuado del Estado. José Antonio Romero instó al Gobierno central a agilizar los pagos a la comunidad autónoma para asegurar una atención eficiente a estas necesidades.
