La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos en varias demarcaciones hidrográficas, incluidas las del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, entre otras. Esta decisión fue anunciada el 20 de enero de 2025.
El recurso, respaldado por el Consejo de Gobierno andaluz el 21 de marzo de 2023, buscaba revertir el aumento del caudal ecológico del río Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo. La Junta de Andalucía argumentó que este incremento implicaba un «recorte» del trasvase Tajo-Segura, lo que generó críticas en el gobierno regional.
La sentencia del Tribunal Supremo rechazó todos los argumentos planteados por Andalucía, subrayando que el informe del Consejo Nacional del Agua, aunque preceptivo, no es vinculante y fue emitido válidamente, cumpliendo así con las funciones de participación en la elaboración del Real Decreto. Además, el tribunal afirmó que no hubo omisión en el proceso de concertación para establecer los caudales ecológicos, tal como alegaba la parte recurrente.
Con respecto a la supuesta violación del principio de jerarquía normativa, el Tribunal consideró que el régimen de caudales ecológicos es vinculante para otras explotaciones, conforme a la normativa vigente. También se refirió a la falta de motivación técnica en la fijación de estos caudales como un argumento insuficiente, destacando que la Junta no logró desvirtuar la metodología empleada en el proceso de planificación hidrológica.
La Junta de Andalucía planteó su recurso argumentando que el decreto se había modificado sin informes técnicos o jurídicos que lo respaldaran y de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este recurso se sumaba a acciones judiciales similares emprendidas por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, quienes también criticaron lo que consideraron una decisión injustificada del Estado, advirtiendo que esto podría perjudicar gravemente al Levante español, y en particular a la provincia de Almería.
