En un fallo que marca un hito en la política migratoria estadounidense, el Tribunal Supremo ha dado luz verde a la Administración del presidente Donald Trump para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a más de 300.000 venezolanos, permitiéndoles residir legalmente en el país. Esta decisión responde a la solicitud de los abogados del Ejecutivo de anular una orden previa de un juez de California, que había bloqueado los intentos de terminar con el programa.
La revocación del TPS, un programa auspiciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que brinda protección de la deportación además de permisos de trabajo para individuos de países en crisis, ha sido justificada por la Administración Trump alegando que contradice el «interés nacional» de Estados Unidos. La controversia sobre esta medida, declarada «urgente» por el gobierno, ahora se traslada a cortes inferiores, donde se espera que el litigio continúe.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, describió a los beneficiarios del programa para venezolanos como «desgraciados» y «criminales», reforzando la postura del gobierno de endurecer los requisitos para la protección migratoria. La decisión de terminar el TPS para los venezolanos, que fue bloqueada temporalmente por un juez federal en California por causar un «daño irreparable» a sus beneficiarios y familias, ha sido igualmente criticada por activistas y defensores de los derechos humanos.
Curiosamente, bajo la Administración del presidente demócrata Joe Biden, se había decidido extender este beneficio a los venezolanos, dada la «emergencia humanitaria» que enfrenta Venezuela debido a su prolongada crisis política y económica. Sin embargo, la extensión propuesta por el gobierno de Biden fue frenada por la Administración Trump antes de que pudiera entrar en vigencia, lo que habría dejado sin protecciones a algunos migrantes en abril y a otros en septiembre. La Casa Blanca, no obstante, ha mantenido el TPS para otras nacionalidades, como los salvadoreños, beneficiando a aproximadamente 200.000 inmigrantes desde 2001.
Esta decisión del Tribunal Supremo establece un precedente importante para la política migratoria de Estados Unidos, especialmente en un momento en que las tensiones en cuanto a la gestión de la inmigración siguen siendo un tema divisivo en el país. Mientras tanto, la comunidad venezolana en Estados Unidos y sus defensores afrontan un futuro incierto, en medio de esperanzas de una solución legisladora que ofrezca una protección más permanente.
