En un desarrollo reciente en la política local de Puertollano y su comarca, la concejal y diputada socialista Esther Mora ha criticado duramente la actuación del señor Ruiz, perteneciente a la administración actual, por no haber solicitado al Presidente de la Diputación Provincial, del mismo partido político, que contemple desde sus presupuestos la reciente subida en la tasa de recogida de basuras.
La propuesta, presentada por el PSOE en el pleno del pasado 3 de noviembre, pretendía que la Diputación asumiera la subida de las tasas estipulada por la ley 7/2022, sin afectar el bolsillo de los contribuyentes. Sin embargo, la coalición gobernante de PP y VOX en la Diputación optó por no acceder a esta petición.
Esto ha conducido a un aumento de 300.000 euros en la partida presupuestaria destinada a sufragar el coste de la recolección de basura en la comarca, una cantidad que, según Esther Mora, podría haberse empleado en satisfacer otras necesidades críticas de la ciudad. Dicha incremento presupuestario tendrá un impacto económico directo en los habitantes de Puertollano y su comarca, quienes se verán forzados a absorber el alza de tarifas.
Esther Mora ha reforzado su discurso alegando que las promesas del señor Ruiz de trabajar por el beneficio de Puertollano y su comarca resultan ser meras «palabras vacías», resaltando que «la buena política se demuestra con hechos», un estándar que, a su juicio, no está siendo cumplido por el señor Ruiz.
Este debilitamiento de la gestión política por parte de los representantes de la Diputación y la aparente desconexión de las expectativas de la ciudadanía podría generar un terreno fértil para el debate y la controversia en el ámbito político de la región.
Los acontecimientos subrayan la expectativa de responsabilidades directas hacia los funcionarios elegidos, dentro de un clima de creciente sensibilidad a las decisiones fiscales y su efecto en la sociedad. La crítica de la diputada socialista moviliza la atención sobre la importancia de una acción política efectiva que busque el bienestar común, colocando en relieve la relevancia de los principios de representación y gestión de los recursos públicos.
