La reciente eliminación de Nicolás Maduro por parte de EE. UU. ha suscitado reacciones encontradas en el ámbito político europeo, donde figuras de la ultraderecha como Geert Wilders y Santiago Abascal celebraron el acontecimiento en redes sociales, enfatizando una visión de la política internacional donde el uso de la fuerza se considera un medio legítimo para alcanzar objetivos de «libertad». Sin embargo, otros líderes, como Marine Le Pen, han mostrado una postura más cautelosa, insistiendo en que las soberanías nacionales deben ser respetadas y que los cambios de régimen a través de la violencia no son la solución.
El debate sobre este enfoque se intensifica al cuestionar si la democracia puede justificarse mediante actos impulsivos y coercitivos. Mientras algunos políticos de extrema derecha ven en el secuestro de un líder como un paso hacia la liberación de un pueblo oprimido, otros advierten del peligro de establecer un precedente que permita a las potencias recurrir a acciones unilateralmente y sin las debidas consideraciones legales. Este dilema resuena con la historia reciente de intervenciones militares, y refleja un mundo donde el derecho internacional a menudo se pone en entredicho en favor de intereses geopolíticos inmediatos.
A medida que se desarrolla la situación en Venezuela, las repercusiones de estas acciones trascienden fronteras, confrontando a la comunidad internacional con el dilema entre el respeto a la legalidad y la búsqueda de un orden global más ‘fuerte’. La ambigüedad en la postura de muchos líderes europeos frente al acto de fuerza norteamericano sugiere que la tensión entre la voluntad popular y las decisiones autoritarias podría estar marcando el rumbo de futuras relaciones internacionales, en un escenario donde el concepto de «democracia» se vuelve cada vez más maleable.
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