En un enfoque decidido por reestructurar el gobierno federal, el presidente Donald J. Trump ha impulsado una serie de iniciativas destinadas a reducir la burocracia y eliminar prácticas que él considera despilfarradoras. Esta tarea, marcada por el objetivo de hacer que el gobierno funcione en beneficio de los contribuyentes, ha resultado en la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Esta nueva entidad ha reportado ahorros significativos, cifras que superan miles de millones de dólares en favor de los ciudadanos.
Entre las estrategias implementadas, Trump ha instado a los empleados federales a regresar a la oficina cinco días a la semana, buscando restablecer la presencia física y el compromiso de los trabajadores con sus funciones. Además, ha propuesto un enfoque restrictivo respecto a la contratación, sugiriendo que solo se contrate a un nuevo empleado por cada cuatro que abandonen sus puestos, una medida que podría contribuir a un control más estricto de los gastos laborales.
La gestión de los contratos federales también ha sido un punto clave en su agenda. Se han dado órdenes para la cancelación de todos los contratos con medios de comunicación que, según Trump, diseminan «noticias falsas». En un movimiento que ha suscitado opiniones encontradas, se disolvió el Instituto Ejecutivo Federal, un organismo que había sido señalado como un lugar donde proliferaba la capacitación de burócratas.
En su búsqueda por ajustar el enfoque de diversas agencias, Trump ha cuestionado la operación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), alegando que había sido mal utilizada. Esta reestructuración incluyó la criticada financiación de proyectos no relacionados con las prioridades nacionales, como el apoyo a procedimientos de cambio de sexo en Guatemala. Asimismo, se ha indicado la suspensión de operaciones del Buró de Protección Financiera del Consumidor, una creación atribuida a Elizabeth Warren, por considerar que canalizaba recursos a grupos de defensa con inclinaciones políticas.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) también ha estado en la mira, con la cancelación de contratos por decenas de millones de dólares dirigidos a organizaciones consideradas de izquierda. Esta agencia anunció investigaciones sobre intentos de elementos de la administración anterior por evadir la supervisión y la rendición de cuentas, desplazando a ciertos empleados dedicados a causas de “justicia ambiental”.
El presidente ha rechazado una expansión significativa del IRS durante la administración Biden y ha propuesto una revisión exhaustiva del financiamiento para organizaciones no gubernamentales. Este examen ha revelado la existencia de aproximadamente 15,000 subvenciones por valor de 60 mil millones de dólares que podrían ser eliminadas. En el ámbito internacional, se pausaron los financiamientos existentes para garantizar una mayor responsabilidad sobre el uso de esos fondos.
Entre otras reformas, Trump clausuró el programa llamado «Climate Corps», del cual se hicieron eco numerosas críticas. A lo largo de estas decisiones, el presidente ha buscado desmantelar acuerdos de negociación colectiva promovidos en el último periodo de la administración anterior, argumentando que estos limitan su capacidad para implementar cambios necesarios.
Con estas acciones, Trump apunta a transformar un sistema que, según él, ha estado bloqueado por la ineficiencia y la falta de responsabilidad, buscando crear un gobierno que efectivamente rinda cuentas a los ciudadanos. La administración se enfrenta a un camino lleno de retos y controversias, pero mantiene su firme compromiso de llevar a cabo estas reformas estructurales.
Fuente: WhiteHouse.gov
