En Bnei Brak, una urbe situada al sur de Tel Aviv, el eco de una protesta resonó con fuerza y determinación entre sus calles, reflejando una vez más el descontento de los judíos ultraortodoxos frente a las políticas de alistamiento militar en Israel. Este desafío público fue encabezado por personas como Ozer, quien, junto a centenares de haredim (judíos ultraortodoxos), tomó una postura firme: «Preferimos ir a la cárcel que al Ejército». La polémica surge en respuesta a un fallo reciente de la Corte Suprema del país, el cual ordena que jóvenes de esta comunidad se preparen para el servicio militar, desencadenando una ola de sentimientos encontrados y bloqueos en vías importantes, en una dramática expresión de disentimiento.
La exención del servicio militar, que durante años ha beneficiado a los varones haredim gracias a una ley de facilidades, fue juzgada por la corte como contraria al principio de igualdad, un dictamen que ha desatado tensiones reiteradas entre el gobierno, el tribunal y la comunidad ultraortodoxa. Pese a los esfuerzos del Tribunal Supremo por equilibrar esta balanza de justicia, el Parlamento ha sido incapaz, o tal vez reacio, a presentar una solución legislativa definitiva, manteniendo así en suspenso a una válvula de escape provisional que se repite ciclo tras ciclo.
Dentro de este escenario de inestabilidad legal, se destaca una notable discrepancia: los varones haredim enfrentan la posibilidad de ser alistados y las mujeres de esta comunidad, los cuales siguen un camino diferente marcado por otras leyes. Este atolladero jurídico y social revela una compleja urdimbre de creencias, derechos y obligaciones que divide a los israelíes.
Las causas de esta situación están profundamente arraigadas en la identidad y la historia de Israel. Los haredim, que representan aproximadamente el 13% de la población, han sido durante mucho tiempo una población preservada por políticas excepcionales, remontándose a los tiempos pos-genocidio, cuando David Ben Gurión optó por proteger a esta castigada minoría. Sin embargo, el contexto ha evolucionado dramáticamente desde entonces, y lo que una vez se consideró una medida necesaria para preservar el judaísmo se ha transformado en un punto crítico de discordia nacional.
El actual conflicto bélico en Gaza ha puesto al Ejército israelí y a toda la sociedad bajo una presión sin precedentes, destacando la imperiosa necesidad de personal que pueda participar en combates y otras tareas de la defensa nacional. Basado en situaciones extremas de combate urbano y tácticas de guerrilla por parte de Hamás, el llamado a una movilización generalizada de reservistas ilustra cómo las conmociones actuales están obligando al país a replantear su enfoque sobre la composición y las necesidades de sus fuerzas armadas.
La respuesta del Gobierno hacia la decisión del Tribunal Supremo y el futuro del reclutamiento haredim permanece en el aire, marcada por declaraciones ambivalentes y estrategias de aplazamiento. Los partidos ultraortodoxos, por su parte, han criticado vehementemente las acciones del tribunal sin romper la coalición gobernante, planteando negociaciones futuras llenas de desafíos políticos y sociales.
Este escenario descubre duales realidades dentro de la misma nación: una, enfrentando los terrores de la guerra y sus consecuencias; y la otra, luchando por preservar un modo de vida y de fe inalterado durante milenios. Mientras tanto, los ciudadanos israelíes, tanto laicos como religiosos, se encuentran atrapados en medio, esperando resoluciones y compensaciones justicequen una entrega equitativa del deber cívico, en un tiempo donde el Estado judío se ve forzado a contemplar su propia esencia y hacia dónde se dirige en el turbulento escenario global.
