El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la unanimidad de los grupos parlamentarios PP y Vox para la aprobación del Proyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, el cual se discutirá en las Cortes este jueves. Vox, sin embargo, ha condicionado su apoyo a la aprobación de siete enmiendas propuestas, mientras que el PP ha expresado su intención de que la norma reciba el mayor respaldo posible.
Durante el debate de las propuestas, surgieron discrepancias entre el PSOE y Vox respecto a la retribución de los miembros del Consejo Social y la paridad en su composición. Ángel Tomás Godoy, portavoz del PSOE, ha sugerido la posibilidad de llegar a un acuerdo con algunas de las enmiendas presentadas por Vox con el objetivo de lograr un consenso, destacando que la unanimidad generaría “una mayor seguridad jurídica” para los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Desde Vox, Luis Juan Blázquez ha criticado al Gobierno regional, afirmando que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha había advertido que la norma carecía de solidez técnica, lo que llevó a que fuera modificada en gran medida. Blázquez ha demandado que los miembros del Consejo Social no reciban retribución, aunque no se opone a compensaciones por las funciones desempeñadas. Además, ha argumentado que no es necesaria la paridad de género en su composición, ya que considera que la legislación vigente ya asegura la igualdad. Vox también ha propuesto reducir el número de miembros del Consejo Social de catorce a ocho y retomar el régimen de incompatibilidades de versiones anteriores de la ley.
Godoy, en respuesta, ha cuestionado la propuesta de Vox de eliminar retribuciones, argumentando que muchos miembros del Consejo Social dependen de tales ingresos. Además, ha acusado a Vox de utilizar herramientas como ChatGPT para formular sus argumentos en el debate.
Por su parte, María José Gil, diputada del PP, ha manifestado su agradecimiento por los acuerdos alcanzados durante la tramitación, resaltando que buscan adaptar la nueva ley a los estándares establecidos por la ley orgánica y atender al interés general. En su intervención, ha solicitado compromisos adicionales al Gobierno regional, como una nueva ley de universidades y la entrada en vigor de la nueva ley del deporte en 2025.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha instado a los partidos a unirse a esta ley de manera unánime, destacando que Castilla-La Mancha podría convertirse en la primera comunidad autónoma en modificar esta legislación, alineándose con la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Pastor ha señalado que entre las novedades se encuentra el aumento en la composición del Consejo Social, la inclusión de nuevos perfiles y la creación del cargo de Vicepresidencia.
El Consejo Social, establecido en 1991 en Albacete, es un organismo clave para la participación ciudadana en la gestión universitaria y se desempeña en múltiples áreas, incluyendo la planificación y gestión académica y económica. La Universidad de Castilla-La Mancha actualmente cuenta con más de 28.000 estudiantes y ofrece una amplia variedad de titulaciones y programas de posgrado.
