El PSOE ha presentado su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de asegurar «mayores recursos para todas las comunidades», fortalecer los servicios públicos y, al mismo tiempo, equilibrar la «solidaridad a igual esfuerzo tributario» con el reconocimiento de las particularidades de algunos territorios. Sin embargo, la propuesta llega en un contexto sensible, ya que no se menciona el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) durante la investidura de Salvador Illa, el cual ha suscitado críticas internas, especialmente de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.
La ponencia marco del PSOE para el 41º Congreso federal, a la que ha podido acceder Europa Press, especifica que el nuevo modelo de financiación resultará en una distribución «más justa» y eliminará el riesgo de ‘dumping fiscal’, una práctica que el partido ha criticado con vehemencia, especialmente en relación a la política fiscal del Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso. Este contexto fiscal también incluye la propuesta de crear un «auténtico fondo autonómico para la reindustrialización» y la convergencia de las rentas entre comunidades, así como un fuerte enfoque en la lucha contra la evasión fiscal de los grandes patrimonios, proponiendo un tipo marginal del 50% en el IRPF para aquellos ingresos superiores a los 300.000 euros anuales.
En su enfoque hacia la Unión Europea, los socialistas abogan por una mayor «unión política y fiscal», además de intensificar la «cesión de soberanía» en áreas cruciales, con el fin de incrementar los recursos gestionados por la UE, ampliar las prestaciones sociales y desarrollar un «pasaporte común» para todos los ciudadanos europeos.
En el ámbito económico, la ponencia también menciona la necesidad de prohibir la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos temporales en áreas de alta demanda, con el fin de «desincentivar la especulación» y asegurar el derecho de la ciudadanía a un hogar.
Finalmente, el PSOE ha propuesto la creación de un «fondo de resiliencia frente a la justicia climática», orientado a proteger a las comunidades y personas más vulnerables, especialmente en zonas rurales y litorales, y promover una transición ecológica justa en las actividades económicas que se vean afectadas por el cambio climático.
