El último pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha culminado con la aprobación de una modificación a la Ley de Aguas, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta medida busca facilitar el cobro de un canon medioambiental que se implementará en las facturas del agua a partir de 2025, un impuesto que se espera recaude aproximadamente 15 millones de euros anuales. El Gobierno regional y el PSOE defienden esta iniciativa, mientras que la oposición, compuesta por el PP y Vox, lo han señalado como un «impuestazo».
La modificación se aprobó mediante el trámite de lectura única, lo que impidió a los grupos parlamentarios presentar enmiendas. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, argumentó que la reforma tiene como objetivo «flexibilizar aún más y proporcionar una mayor estabilidad» al nuevo canon. Gómez añadió que los fondos obtenidos se destinarán a inversiones hidráulicas en toda la comunidad, enfatizando que serán los ayuntamientos quienes gestionarán el impuesto, asegurando su uso en el abastecimiento y depuración de agua.
La consejera destacó que, a pesar de la implementación del canon, Castilla-La Mancha seguirá siendo una de las regiones con el agua más económica de España, con un costo de 1,91 euros por metro cúbico. Esto contrasta con otros territorios donde el mismo impuesto genera tasas significativamente más altas, como los 48 euros en Galicia o los 140 en Andalucía. La aportación económica se orientará a mejorar infraestructuras hídricas, dado que se identifican necesidades apremiantes, como la construcción de 629 nuevas depuradoras y una inversión de 600 millones de euros.
Desde el PSOE, se defendió que este nuevo canon está diseñado con cuatro tramos de consumo que garantizan la «justicia social y progresividad» de la tarifa, eximiendo del pago a los primeros 10.000 litros de consumo por vivienda al mes. Francisco José Barato, del PSOE, reafirmó que la recaudación se destinará a crear una red de agua eficiente y sostenible, con un 25% de lo recaudado dirigido a los ayuntamientos para uso local.
Por su parte, Vox, representado por Francisco José Cobo, criticó la situación de las infraestructuras hídricas en la región, señalando que el impacto de la Agenda 2030 está afectando gravemente a agricultores y ganaderos. Cobo cuestionó la responsabilidad del canon, argumentando que el propietario de la vivienda sería el responsable del posible impago por parte de inquilinos, sugiriendo que los tramos del impuesto son inadecuados y perjudiciales para las familias.
Desde el PP, Carolina Agudo advirtió que la nueva legislación es injusta y únicamente busca aumentar la carga impositiva de los ciudadanos. Lamentó que, a diferencia de comunidades como Madrid o Murcia, donde no se aplica este impuesto, en Castilla-La Mancha se optara por esta medida, acusando al Gobierno regional de aprovechar la situación para «freír a impuestos» a la población.
En resumen, la modificación de la Ley de Aguas ha generado un amplio debate entre los grupos políticos, con posturas opuestas sobre la implementación del canon medioambiental y sus repercusiones económicas en la ciudadanía. Mientras el PSOE y el Gobierno defienden la medida como una necesidad para mejorar las infraestructuras hídricas, la oposición la califica de excesiva y perjudicial para las familias y empresas de la región.
