El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha alzado la voz este viernes para denunciar una grave situación que afecta a tres familias con cinco menores, quienes ocupaban el antiguo centro de ocio de La Peraleda. Estas familias fueron desahuciadas hace diez días para el derribo del edificio y, según la denuncia, carecen de acceso al agua y están desatendidas por el equipo de Gobierno municipal.
Ana Abellán, viceportavoz del grupo socialista, y Noelia de la Cruz, portavoz, se han desplazado al recinto de La Peraleda para escuchar las preocupaciones de los afectados. Abellán ha resaltado que un juzgado de Toledo no solo ordenó el desalojo y el derribo del edificio, sino que también pidió en dos ocasiones al Ayuntamiento que busque soluciones para estas familias y los menores que allí residen.
Durante su intervención, Abellán ha manifestado su preocupación por la situación crítica de las familias, señalando que «los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento son quienes deben hacerse cargo de esta situación y ofrecer acompañamiento, sobre todo a los menores». Además, la edil ha cuestionado la decisión de cortar el suministro de agua a las familias, apuntando que «Tagus no corta el agua a menos que alguien dé la orden». Abellán exigió explicaciones sobre esta acción, preguntando si la orden provenía del alcalde o de su concejal, e instando al equipo de Gobierno a abrir los baños públicos de La Peraleda para que estas familias puedan usarlos.
La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, también ha expresado su descontento, cuestionando la urgencia del derribo y sugiriendo que podría haber un interés detrás de esta acción, mencionando la posible instalación de una nueva discoteca en el solar. De la Cruz criticó al equipo de Gobierno por no asumir su responsabilidad en la situación y por instar a otras administraciones a actuar, subrayando que «los servicios sociales del Ayuntamiento de Toledo son la primera puerta de entrada».
Las afectadas han compartido sus historias de necesidad y desamparo, siendo Silvia Augusto, madre de tres menores, una de ellas. Silvia ha relatado que desde su desalojo no han recibido ninguna visita ni ayuda del Gobierno municipal, y ha denunciado que la única solución ofrecida fue un alojamiento temporal en un hostal por diez días. A pesar de la precariedad de su situación, Silvia ha expresado su deseo de encontrar una vivienda «digna», dispuesta incluso a pagar un alquiler social ajustado a su situación económica, mientras lamenta la escasez de recursos para sobrevivir.
La denuncia del Grupo Municipal Socialista subraya no solo la falta de respuesta del Ayuntamiento ante la situación de estas familias, sino también la necesidad urgente de que se implementen soluciones efectivas y humanitarias para quienes se encuentran en circunstancias vulnerables.
