El PSOE Denuncia Falta de Transparencia en Talavera y el Gobierno Local Responde Criticando su ‘Oposición Destructiva’

En Talavera de la Reina, un pleno extraordinario convocado por el Grupo Municipal Socialista ha puesto en el punto de mira la actividad de una empresa que operaba en el antiguo vertedero municipal y la gestión de residuos de origen animal. Durante la sesión, se ha tratado la cuestión de si hubo un posible trato de favor al cederle el uso de dicho espacio.

El ambiente de la sala estuvo marcado por el enfrentamiento entre el PSOE en la oposición, liderado por su viceportavoz, Flora Bellón, y el Gobierno municipal. Bellón acusó falta de explicaciones por parte del concejal de Agricultura, Ganadería, Medio Rural e Identidad Comarcal, Gerardo Sánchez, y aseguró que se continuaría una actividad sin el debido proceso administrativo. Bellón expresó que «el alcalde debería haber cesado a este concejal en el momento en el que reconoció que se estaba desarrollando esta actividad» y que existen pruebas visuales y testimonios de dicha actividad.

Por otro lado, Gerardo Sánchez acusó al PSOE de llevar a cabo una «oposición destructiva» y calificó la celebración del pleno como innecesaria, basándose en un acta de inspección que no mostraba signos de dicha actividad. Sánchez reiteró que la supervisión y la legislación de los Sandach (subproductos animales no destinados al consumo humano) competen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como a las comunidades autónomas en materia de sanidad animal y seguridad alimentaria. Aseguró que las actuaciones realizadas respondían a un interés por colaborar con la Junta de Comunidades en garantizar la salubridad y bioseguridad local.

El concejal también hizo referencia a las quejas previas por malos olores, aunque defendió que su intención fue siempre actuar de forma rápida y efectiva para proteger la salud y bienestar de los ciudadanos, incluso si eso significaba saltarse la burocracia. Por último, Jesús García-Barroso, portavoz del GM Popular, reafirmó que la cuestión Sandach no está dentro de las competencias municipales y calificó la controversia como una «inquisitoria» y no una preocupación de sanidad pública, ya que, de su punto de vista, no había pruebas de riesgo sanitario.