El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha realizado una dura crítica al «sistema de mentiras» que, a su juicio, ha instaurado el Partido Popular (PP) en la región en lo que respecta a la fiscalidad. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede regional del PSOE, Requena ha subrayado que los argumentos del PP están siendo desmentidos tanto por la realidad como por organismos oficiales y medios especializados.
En sus declaraciones, el portavoz socialista ha hecho referencia a un reciente artículo publicado en el diario ‘El Economista’, que afirma que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con menos impuestos propios. «La ciudadanía de la región paga menos dinero que en aquellas comunidades que el PP siempre utiliza como referencia», ha asegurado Requena.
Además, ha destacado que, de acuerdo a expertos fiscales, Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades con más deducciones fiscales y donde se paga un impuesto sobre la renta más bajo, evidenciando así, según él, «la falta absoluta de credibilidad del PP». Requena ha enumerado hasta 26 deducciones fiscales en la región, que abarcan desde gastos de educación infantil hasta ayudas para familias monoparentales, así como deducciones por la compra de vivienda en zonas rurales y despobladas.
El portavoz socialista ha denunciado la «hipocresía fiscal» del PP, que, según él, adopta una postura diferente cuando está en la oposición en comparación con su gestión en el gobierno. Ha criticado a los alcaldes del PP, quienes prometieron bajadas de impuestos durante su campaña electoral pero, en cambio, han implementado políticas que han resultado en una «freidora fiscal».
Requena ha puesto como ejemplo a ciudades como Guadalajara, Toledo o Villarrobledo, donde, según su análisis, la gestión del PP ha resultado en una falta de coherencia con las promesas electorales. En contraste, ha reafirmado el compromiso del PSOE en apoyar la política del presidente Emiliano García-Page, garantizando que la presión fiscal se mantenga congelada y que los impuestos recaudados se destinen a mejorar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que absorben tres de cada cuatro euros del presupuesto de la Junta.
