El pasado viernes, 6 de febrero de 2026, el Presidente firmó la ley S. 3424, conocida formalmente como la «Ley de Mejora de la Administración de Quiebras de 2025». Esta nueva legislación trae consigo cambios significativos que impactarán tanto a los deudores como a los profesionales que gestionan procesos de quiebra en el país.
Entre las principales disposiciones de la ley se encuentra un aumento en las tarifas que los fideicomisarios de la Capítulo 7 recibirán por sus servicios. Este ajuste busca reconocer el trabajo crucial que estos profesionales llevan a cabo en un sistema que, si bien se enfrenta a desafíos, es vital para ayudar a las personas y empresas a reestructurar sus finanzas y encontrar un camino hacia la recuperación.
Además, la ley extiende las tarifas trimestrales de la Capítulo 11, que afectan a empresas que buscan reorganizarse y continuar operando, por un período adicional de cinco años. Este cambio es de particular relevancia en un contexto donde muchas empresas, aún recuperándose de los efectos de crisis económicas anteriores, pueden beneficiarse de un marco más equilibrado que les permita adaptarse y prosperar.
Por si fuera poco, la ley también contempla la extensión de ciertos cargos temporales de jueces de quiebra, asegurando así que haya suficiente personal judicial para manejar la carga de casos que se prevé continuará en aumento. Esta medida no solo refuerza la infraestructura legal necesaria para la administración de quiebras, sino que también responde al creciente número de individuos y organizaciones que, lamentablemente, se ven obligadas a recurrir a este sistema.
La firma de la ley S. 3424 representa un paso importante hacia la modernización de la administración de quiebras en Estados Unidos. A medida que el país navega por un paisaje financiero en constante cambio, estas reformas tienen el potencial de ofrecer un alivio necesario a aquellos que buscan una segunda oportunidad en sus vidas financieras.
Fuente: WhiteHouse.gov
