El Programa de Participación Ciudadana de C-LM incluye 44 actuaciones para 2023, 35 de ellas de elaboración normativa

El Programa de Participación Ciudadana de C-LM incluye 44 actuaciones para 2023, 35 de ellas de elaboración normativa

El Programa Anual de Participación Ciudadana para el ejercicio 2023 incluye un total de 44 actuaciones participativas propuestas por las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración regional, en los términos que se establecen en el artículo 18 de la Ley 8/2019, de Participación de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 19 de la señalada ley.

Es el tercer programa tramitado por el Gobierno regional desde la entrada en vigor de la ley de Participación, tal y como publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press.

Del total de actuaciones participativas propuestas 35 se encuadran dentro de elaboración normativa (Ley, Decreto u Orden), 5 dentro de la elaboración de planes, programas y estrategias, y 4 dentro de Otras políticas públicas.

No obstante, la propia Ley de Participación, señala la posibilidad de que la Administración de oficio pueda desarrollar nuevos procesos participativos no incluidos en el Programa Anual, se trata por tanto de un Programa Anual abierto a aquellas actuaciones que se acuerden realizar con posterioridad a su publicación y durante el ejercicio correspondiente por petición de cualquier Consejería, a través de sus diferentes órganos directivos u organismos autónomos adscritos.

La acción del gobierno en materia de participación se instrumenta tal y como establece la Ley de Participación, a través de una serie de principios como el de gobernanza democrática, es decir, desde una perspectiva global, integradora e inclusiva al objeto de facilitar el dialogo e intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos; el principio de universalidad y diversidad, teniéndose en cuenta su diversidad por razones territoriales, sociales y económicas y el principio de eficacia, ya que los poderes públicos velarán para que el ejercicio de la participación sea útil y viable, promoviendo fórmulas de cooperación que contribuyan a una gestión más eficaz de los asuntos públicos, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico.

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