Castilla-La Mancha se encuentra en la recta final para la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2026, cuyo valor asciende a 12.903 millones de euros. Este presupuesto, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, se fundamenta en la mejora del empleo, la inversión y la cohesión social, continuando así la “senda de prosperidad” que comenzó en 2015. Así lo ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el pleno de las Cortes regionales, donde se debatió el dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos.
Las cuentas regionales tienen cuatro grandes objetivos. En primer lugar, se busca consolidar el Estado del Bienestar, destinando el 72% del gasto no financiero a asegurar una distribución equitativa de la riqueza, lo que representa unos 7.500 millones de euros. En segundo lugar, se enfocan en impulsar la actividad empresarial y la creación de empleo, con un total de 3.200 millones de euros, convencidos de que el crecimiento económico es fundamental para mantener y mejorar los servicios públicos.
El tercer objetivo se centra en acelerar la transformación digital y la transición ecológica, pilares que se consideran esenciales para construir una economía más competitiva y sostenible. Por último, se aborda la lucha contra la despoblación, un reto demográfico que se refleja en un presupuesto de más de 2.100 millones de euros para 2026, contribuyendo a situar a Castilla-La Mancha “a la vanguardia tanto en España como en Europa”.
Ruiz Molina también destacó que este presupuesto tiene un “carácter inversor”, destinando 1.560 millones para fomentar la actividad productiva y ampliar infraestructuras en los servicios públicos. Se presenta como un presupuesto equilibrado, asegurando que no se tendrán que solicitar más préstamos para el próximo año. El consejero lamentó la falta de apoyo del Partido Popular a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y solicitó un “cambio de actitud” para aprobar la condonación de la deuda, lo que significaría un ahorro significativo en intereses para la región.
El panorama económico que se presenta es optimista, con una mejora en la calificación por parte de agencias internacionales y cifras positivas en el mercado laboral y la creación de empresas. Ruiz Molina subrayó que Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con el mayor crecimiento del PIB y de la productividad desde la pandemia, lo que permite elaborar estos presupuestos con “rigor, prudencia y responsabilidad”.
Frente a esta propuesta, el Partido Popular ha presentado 1.150 enmiendas, las cuales han sido desestimadas por representar un “catálogo de recortes” que pondría en riesgo el Estado del Bienestar en la región. Desde el gobierno regional se argumentó que estas enmiendas llevarían a un déficit de 613 millones y tendrían un impacto negativo en los servicios públicos y en el bienestar de las personas más vulnerables.
Ruiz Molina finalizó su intervención enfatizando que la visión del Gobierno regional es asegurar que todos los ciudadanos se beneficien de los recursos que se generan, proponiendo un modelo inclusivo que busca ofrecer un futuro con más riqueza, empleo y una mejor calidad de vida para todos.
