Año tras año, las Comunidades Autónomas han destinado un menor porcentaje de su presupuesto a políticas sociales. En 2010, se dedicaban 2 de cada 3 euros a estas áreas, pero para 2023 la asignación se redujo en 9 puntos porcentuales en comparación con el pasado, afectando áreas como educación, sanidad y servicios sociales. A pesar de un notable aumento en los presupuestos de las Comunidades Autónomas en 2023 (+15.469 millones de euros), solo el 12,58% de esta suma (1.946,6 millones de euros) se destinó a políticas sociales. Entre las Comunidades Autónomas, la de Madrid es la que menos invierte en estas políticas, con una asignación per cápita 660 euros menor que la media nacional.
Los recortes en políticas sociales desde 2010, especialmente severos en 2013, llevaron a un gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) que alcanzó su punto más bajo en ese año, con menos de 100.000 millones de euros. A partir de 2014 hasta 2020, se observaron aumentos en los presupuestos de las comunidades autónomas. En los años posteriores, debido a la gestión de la pandemia, el gasto social creció significativamente, alcanzando los 149.636 millones de euros en el presupuesto liquidado de 2022. La inclusión de los Presupuestos Generales del Estado ha impulsado esta inversión, aunque de manera desigual entre las diferentes comunidades autónomas.
A pesar de estos aumentos, el porcentaje del presupuesto dedicado a políticas sociales ha mostrado una tendencia a la baja desde 2010, cuando se destinaba el 67,4% del presupuesto a estas áreas, frente al 58,4% en 2023. Si se hubiera mantenido el mismo porcentaje de 2010, se habrían invertido aproximadamente 23.000 millones de euros adicionales en 2023.
Aunque la crisis sanitaria y social provocada por el covid19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las CC.AA. sólo ha sido el 9,1% entre 2020 y 2023 (0,2% en sanidad, 16,8% en educación y 33,5% en servicios sociales), mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo (6 veces más). Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las Comunidades Autónomas.
Han tenido que pasar 14 años y una pandemia para recuperar el gasto social. Pero su peso en los presupuestos autonómicos es cada vez menor.
Desde 2009 todas las comunidades autónomas han incrementado su inversión en el conjunto de áreas que nos ocupa. Destacan Baleares con un incremento por habitante +47%, continuando con la Comunidad Valenciana (+41%), Asturias (+40%) y Extremadura (casi un 40%). Estas 4 comunidades autónomas han incrementado en más de 1.000 euros por habitante su inversión en políticas sociales.
Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre Comunidades Autónomas oscilan entre 2.464 € en Comunidad de Madrid y 4.161 € en Navarra o 4.079 € en País Vasco. Entre las Comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura (3.960 €), Asturias (3.681 €) y Cantabria (3.546 €). A la cola de inversión económica en Políticas Sociales por habitante en 2023 se encuentran Cataluña (2.942 €) y la Comunidad de Madrid (2.464 €).
Los 116,9M de € en 2009 sólo se superan en 2019 (122,5M €), y en los años posteriores. Sin embargo, también se va incrementando la deuda pública, con un incremento de más de 16 puntos en el período entre 2019 y 2020. Esto supone una inversión de 3.124,49 € por habitante en política sociales (sanidad, educación y servicios sociales) en el conjunto de Comunidades en 2023, es decir, sólo es un 23% superior al de 2009. Sin embargo, el mayor incremento del gasto autonómico se produce en el coste la deuda pública, con más de 16 puntos entre 2019 y 2020.
El mayor descenso en el porcentaje del presupuesto destinado a Sanidad se produce entre el año 2012, cuando significaba el 37,3% del presupuesto total de las Comunidades Autónomas, al 30,6% que representó en 2023 (6,7 puntos menos). En Educación esta diferencia se encuentra entre el 23,9% del presupuesto total que recibió en el año 2010, y el 20,2% en 2023 (3,7 puntos menos). Los Servicios Sociales fue la única política social que ha visto incrementar el porcentaje que recibe de los presupuestos autonómicos, aunque sólo con 3 décimas más en 2023 (7,6%) que en 2011 o 2019, cuando supuso el 7,3%.
Esdestacable que el mayor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, multiplicándose casi por cinco su coste total y aumentando en 704,9€ por habitante, limitando así la capacidad de las Comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales. que aumentaron sólo un 23,2%, 589€. Es cierto que desde el año 2020, cuando alcanzó su nivel más alto (1.163.3€ por habitante), no ha dejado de descender hasta lo 854,3€ de 2023. No obstante, para valorar lo que supone el coste de la deuda y su impacto sobre el gasto social, basta decir que en el año 2009 el coste de la deuda por habitante fue sólo de 149,4€, mientras que a Servicios Sociales se destinaron 257,9€, es decir, 108,5€ más; sin embargo, en 2023 el coste de la deuda fue de 854,3€ por habitante, mientras que a Servicios Sociales se destinaron 407,2€, es decir, menos de la mitad. Esto quiero decir que si en 2023 se hubiera mantenido el coste de la deuda que existía en 2009, con ese ahorro se podría haber duplicado el gasto en Servicios Sociales (incluida la atención a la dependencia).
