El presupuesto del Gobierno de Castilla-La Mancha para 2023 incorporará el impacto demográfico donde se va a reflejar el esfuerzo económico que supone para la región la lucha contra la despoblación. Se trata de una medida pionera para hacer frente a la pérdida demográfica del mundo rural en la que, una vez más, el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page marca el paso al resto del territorio nacional.
Así lo ha explicado hoy el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, durante su intervención en el ‘I Congreso interdisciplinar sobre despoblación, territorio y gobierno local’ que se ha celebrado hoy en Ciudad Real y organizado por Instituto de Derecho y Gobierno Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y en el que se ha debatido sobre políticas públicas, reformas, causas y consecuencias de la despoblación desde una perspectiva multidisciplinar.
En su alocución, Alique ha recordado que desde el pasado mes de marzo toda la normativa – leyes, planes y programas – que se elabora en Castilla-La Mancha incluye un informe de impacto demográfico para identificar y valorar los efectos y resultados de estas normas en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.
Un informe, ha destacado el comisionado, “con el que el Gobierno regional busca adecuar todas esas leyes a la lucha frente a la despoblación identificando a través del mismo las desigualdades entre los territorios dentro de la Comunidad Autónoma para poder prevenirla en la aplicación de las futuras leyes”.
Una ley pionera con fiscalidad diferenciada
Por otro lado, el comisionado ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido pionera en la aprobación de una ley que recoge las medidas para hacer frente a la despoblación. Una norma pionera, participada y consensuada, ya que se aprobó por unanimidad en las Cortes regionales, y que tiene como principal novedad la fiscalidad diferenciada.
Tal y como ha explicado, el acceso a los servicios básicos, la vivienda, la movilidad, la conectividad y las oportunidades económicas y laborales son los cinco pilares para la repoblación en Castilla-La Mancha “a lo que añadimos, además, las medidas fiscales como uno de los ingredientes de la mezcla que los ancla”.
En este punto, Alique ha cifrado en cerca de 60.000 las declaraciones de la Renta que se han beneficiado de las deducciones fiscales de la Ley de Despoblación en la campaña de IRPF de este año, la primera desde la entrada en vigor de la norma.
Se trata de una cifra provisional, tal y como ha explicado el comisionado del Reto Demográfico, que ha señalado que estas desgravaciones fiscales, de las que se han beneficiado los ciudadanos y ciudadanas que tengan su residencia habitual en zonas consideradas como escasamente pobladas de nuestra región, superan los 23,5 millones de euros.
A lo largo de estos meses de la campaña de la Renta, los habitantes de estas zonas han podido comprobar la aplicación práctica de la política fiscal en Castilla-La Mancha como herramienta de lucha frente a la despoblación. Unas desgravaciones que, tal y como ha subrayado, se aplican “por el simple hecho de tener la residencia efectiva en estos territorios”.
En este sentido, ha recordado que esta Ley incluye desgravaciones de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica del IRPF para las personas que tengan residencia habitual o estancia efectiva en zonas despobladas; la deducción de hasta el 15 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda en estas zonas; la reducción de hasta el 50 por ciento en el impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de actos jurídicos para adquirir o rehabilitar una vivienda o local para implantar una empresa; o la deducción de 500 euros durante los dos primeros años en la cuota íntegra autonómica por traslado de vivienda habitual por motivos laborales.
“Se trata de hacer posible que las condiciones sean las idóneas para que la gente pueda elegir con libertad vivir en el medio rural”, ha sentenciado.
Una financiación autonómica justa
Finalmente, Alique ha recordado la que es una reivindicación del Gobierno de Castilla-La Mancha, una financiación autonómica que tenga en cuenta los costes efectivos de mantener los servicios básicos en zonas despobladas. “La financiación y la despoblación están estrechamente relacionados en regiones como la nuestra donde las condiciones sociales y demográficas repercuten en un mayor coste que tienen para la Administración regional la prestación de servicios públicos, así como la puesta en marcha de infraestructuras que faciliten la igualdad de oportunidades”.
