El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022, que asciende a 12.273,5 millones de euros, con un incremento del 1,4 por ciento y 171,1 millones más, lo que permitirá dar una salida justa a una crisis excepcional, sin dejar a nadie atrás, además de reactivar el crecimiento y reducir la presión fiscal.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado en rueda de prensa de las principales cifras que componen el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, que tiene como objetivos fundamentales recuperar la senda de creación de riqueza y empleo; impulsar la recuperación social; fortalecer el Estado del Bienestar; modernizar el tejido productivo mediante la diversificación, la transformación digital y la transición ecológica y abordar el reto demográfico.

Ruiz Molina ha resaltado que se ha elaborado un presupuesto que “va a consolidar el gasto público de carácter excepcional que hemos destinado este año” y que “tiene que ser el elemento fundamental para apuntalar el crecimiento”. En este sentido, ha subrayado que “va a garantizar unos servicios públicos reforzados, sin ningún tipo de recortes, y que es compatible con las dos premisas que nos marcamos cuando accedimos al Gobierno en 2015: mantener congelada la presión fiscal, incluso en 2022 se reduce con las deducciones fiscales anunciadas por Emiliano García-Page; y cumplir nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines, ha explicado que el proyecto de Ley será registrado hoy mismo en las Cortes regionales para que pueda comenzar su preceptivo trámite parlamentario, a fin de que pueda entrar en vigor el 1 de enero del próximo año. El consejero ha diferenciado, además, dos grandes grupos de políticas: las relacionadas con el gasto social y las que inciden de manera más directa en el crecimiento económico y el empleo.

Un 50 por ciento más para el Estado del Bienestar desde 2015

Respecto al gasto social, el consejero ha indicado que se destinarán, en total, 6.758,6 millones a reforzar los servicios públicos fundamentales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales, lo que supone un incremento del 2,35 por ciento respecto a 2021, 155,1 millones más.

Los recursos dirigidos a financiar el Estado del Bienestar suponen en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero. Dentro del conjunto del gasto social, sanidad es la partida más alta y supera los 3.600 millones de euros; seguida de educación, que asciende a 2.181 millones. Por su parte, servicios sociales es el área, dentro del gasto social, que más incrementa su cuantía respecto a 2021, el 8,5 por ciento, seis veces más que el crecimiento total del presupuesto. Esto va a permitir disponer de más de 950 millones de euros, 75 millones más que el presupuesto anterior.

Ruiz Molina ha incidido en que desde que gobierna García-Page, el gasto dirigido a sostener el Estado de Bienestar se ha incrementado en más de un 50 por ciento, pasando de un volumen de 4.500 millones en 2015 a 6.758 en el presupuesto de 2022, a la vez que ha destacado que “la mitad de ese importante incremento se ha producido desde que estalló la crisis sanitaria”.

Las actuaciones de carácter económico contarán con 108 millones más

En relación a las actuaciones de carácter económico, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que superarán los 1.863 millones de euros, 108 millones más que en 2021, lo que supone una variación del 6,1 por ciento, cinco veces más que el crecimiento medio del presupuesto.

Estas políticas presupuestarias irán encaminadas al fortalecimiento y la modernización del tejido productivo, unas partidas que crecen un 10,5 por ciento respecto al año pasado, hasta alcanzar los 900 millones; la apuesta por las nuevas tecnologías y la I+D+i, con 255 millones; el refuerzo de las infraestructuras básicas, al que se dedicarán 435 millones; y el impulso a la sostenibilidad ambiental, con 259 millones.

En cuanto a la distribución del gasto por capítulos, Ruiz Molina también ha hecho hincapié en que los recursos humanos, con 3.843 millones de euros, representan el 39 por ciento del gasto no financiero y, de esa cuantía, el personal empleado en los servicios públicos fundamentales absorbe el 91 por ciento del gasto total en el capítulo 1, incluida una previsión de subida del sueldo de los funcionarios del 2 por ciento, el máximo previsto para el personal empleado público.

En cuanto al capítulo de gastos corrientes, ha dicho que se mantiene “prácticamente” en la misma cifra del presupuesto de 2021, 1.542 millones, con el 84 por ciento de los recursos concentrado en las secciones en las que se sustenta el Estado de Bienestar.

Las inversiones aumentan en 61,1 millones

Las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o por terceros, cuentan con 1.463 millones de euros, una variación del 4,4 por ciento respecto a 2021, “una cifra muy importante por su impacto directo en la economía”, ha apuntado.

Esto se traduce, ha continuado, en 61,1 millones más para inyectar en la economía regional, destinadas a las infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos fundamentales, la modernización del tejido productivo, la transformación digital y las infraestructuras de carácter general, dirigidas a la cohesión territorial.

El consejero ha remarcado, asimismo, que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2022, como ya ocurrió con el de 2021, incluye un importante volumen de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, concretamente 728 millones de euros que se distribuyen entre las diferentes políticas tractoras.

Y respecto a los ingresos, ha detallado que están constituidos por tres grandes magnitudes: los tributos, que representan el 34,67 por ciento del total; con una caída del dos por ciento respecto a este año al incorporar la liquidación negativa del ejercicio 2020; las transferencias, tanto corrientes como de capital, provenientes de la Administración del Estado y de la Unión Europea, también con un descenso del 2,9 por ciento, como consecuencia de la reducción de los recursos provenientes del REACT y la ausencia de un fondo covid; y, finalmente, los ingresos de carácter financiero para financiar el nuevo endeudamiento en el que se va a incurrir en 2022, equivalente al 1,1 por ciento del PIB regional, es decir, 480 millones de euros, así como para refinanciar el endeudamiento proveniente de ejercicios anteriores.

Una política presupuestaria de consolidación

El proyecto de Ley contempla ya la política de deducciones fiscales incluida en la Ley de Medidas contra la Despoblación, aprobada en mayo, así como las anunciadas por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región, que tienen como objetivos reducir la carga fiscal de las familias que menos recursos tienen y favorecer el desarrollo empresarial.

En definitiva, “una política presupuestaria de consolidación” que, además de ofrecer una salida justa a la crisis y permitir la reducción de la presión fiscal, aprovecha al máximo los recursos extraordinarios, manteniendo el compromiso con la estabilidad presupuestaria y el diálogo social para seguir trabajando “de la mano de la ciudadanía, que es la seña de identidad de la forma de actuar de este Gobierno”, ha concluido el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.