José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, ha sido seleccionado como uno de los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La designación es resultado del consenso al que han llegado el PSOE y el PP este martes, tal como han revelado fuentes del Partido Popular.
Martínez Mediavilla formará parte del grupo de vocales de procedencia judicial nombrados por el Senado, tan solo uno de los componentes que conforman el nuevo CGPJ. La lista completa de nuevos vocales es la siguiente:
Vocales de procedencia judicial nombrados por el Congreso:
– Ángel Arozamena, Magistrado del Tribunal Supremo
– Esther Erice, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
– Gema Espinosa, Audiencia Provincial de Barcelona
– José María Fernández Seijo, Juez de lo Mercantil de Barcelona
– José María Páez, Juez decano de Málaga
– José Carlos Orga, Audiencia Provincial de Logroño
Vocales de procedencia judicial nombrados por el Senado:
– José Antonio Montero, Magistrado del Tribunal Supremo
– José Eduardo Martínez Mediavilla, Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca
– Esther Rojo, Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia
– Carlos Hugo Preciado, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
– Alejandro Abascal, Audiencia Nacional
– Lucía Avilés, Juez de lo penal de Mataró
Vocales juristas elegidos por el Congreso:
– José Luis Costa Pillado, Presidente del Consello Consultivo de Galicia
– Inés María Herreros Hernández, Fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales
– Pilar Jiménez, Fiscal Superior de Cantabria
– Argelia Queralt, Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional
Vocales juristas elegidos por el Senado:
– Ricardo Bodas, Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo
– Bernardo Fernández, Ex presidente del Consejo Consultivo de Asturias
– Luis Martín Contreras, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo
– Isabel Revuelta, Letrada de las Cortes
Esta renovación marca un punto importante en la estructura del órgano de gobierno de los jueces en España, vinculando una vez más la política de conciliación y diálogo en los nombramientos de altos cargos judiciales.
