En una reciente votación que podría marcar un antes y un después en el ámbito turístico y residencial, el distrito más emblemático de Budapest ha decidido poner fin a los alquileres vacacionales a corto plazo, una medida que señala directamente a plataformas como Airbnb. Esta decisión refleja las crecientes tensiones entre las necesidades residenciales a largo plazo de los locales y el turismo a corto plazo.
Por otro lado, el mercado inmobiliario español enfrenta su propia encrucijada. A pesar de las expectativas de un ajuste, ni el precio del alquiler ni el valor de la propiedad parecen mostrar signos de decrecimiento hacia 2025. Un estudio revela un incremento acumulativo del 78% en el precio medio del metro cuadrado para alquileres en España en la última década, con un aumento en el costo medio de una vivienda de 40.700 euros.
Esta situación contrasta notablemente con la crisis inmobiliaria de Portugal, actualmente la más grave de Europa. En apenas cinco años, el país ha visto cómo el precio de la vivienda se disparaba en un 105,8%, con un incremento interanual del 7,8% en 2024, significativamente por encima de la media de la UE y la zona euro. En Lisboa, los precios se han catapultado, alcanzando un valor medio de 5.426 euros por metro cuadrado, lo que convierte a la capital portuguesa en la ciudad más cara para alquilar en Europa, por encima de referentes como París, Ámsterdam o Milán.
El alza de precios en Portugal se ve potenciada por políticas que han alimentado la especulación inmobiliaria, como las visas doradas y exenciones fiscales para inversores extranjeros, lo que ha llevado a que casi el 90% de la inversión extranjera del 2022 se dirigiera al sector inmobiliario. Estas medidas han generado una brecha económica significativa, dejando a los trabajadores locales con salarios que no consiguen competir con los nuevos precios de mercado, empujando especialmente a los más jóvenes hacia la emigración.
En respuesta a la crisis, el gobierno portugués ha implementado programas como Construir Portugal, buscando aumentar la oferta habitacional a través de incentivos fiscales y apoyo a la vivienda asequible, con planes de expansión a 59.000 viviendas sociales hacia 2030. Sin embargo, expertos advierten que el impacto de estas medidas solo se sentirá a medio plazo, con una previsión de continuidad en el incremento de los precios hasta por lo menos 2026.
Mientras las medidas y reacciones políticas van tomando forma, la realidad inmobiliaria en países como España y Portugal continúa siendo un escenario de escalada de precios sin precedentes, configurando un panorama desafiante tanto para residentes como para potenciales inversores en el contexto europeo.
