El Partido Popular de Cuenca ha exigido la suspensión temporal del macrovertedero situado en Almonacid del Marquesado y la depuración de responsabilidades políticas tras conocer que la instalación está siendo objeto de una investigación internacional relacionada con el tráfico de residuos, algunos de ellos considerados peligrosos. En una rueda de prensa, el presidente del PP conquense, Benjamín Prieto, junto al portavoz en la Diputación, Cayetano Solana, y la alcaldesa de Tresjuncos, Marisa Ramírez, informaron sobre una reunión mantenida con representantes de quince ayuntamientos de la comarca para analizar las posibles repercusiones negativas para la población local.
Durante el encuentro, al que asistieron alcaldes y concejales de distintas formaciones, los líderes del PP coincidieron en la necesidad de suspender las actividades del vertedero, argumentando que no se está cumpliendo con la declaración ambiental y que la cantidad de residuos gestionados supera el límite máximo establecido de 300.000 toneladas anuales. Para evaluar el impacto medioambiental en la zona, los representantes del PP han solicitado a la Diputación que, en colaboración con el Instituto Geológico Minero, realice un estudio detallado sobre la calidad de las aguas subterráneas, la tierra y el aire circundante al vertedero.
Cayetano Solana destacó que la planta ha acumulado varias irregularidades desde su inauguración, incluyendo períodos de operación sin la correspondiente planta de valorización y un incendio que afectó a la celda de vertido. El portavoz del PP criticó la falta de transparencia en el funcionamiento de esta instalación y mencionó los intentos infructuosos de acceder a visitar la planta.
Por otro lado, Prieto enfatizó la opacidad y el riesgo que han caracterizado estas instalaciones desde su inicio, invitando a los medios de comunicación a observar la afluencia diaria de camiones que llegan al vertedero, provenientes no solo de diversas localizaciones de España, sino también de otros países europeos.
El presidente del PP instó a que se aclaren las responsabilidades públicas, señalando que la administración ha fallado en el control de las actividades de la empresa responsable. Asimismo, propuso que los alcaldes de la zona planteen preguntas sobre esta situación a la Comisión Europea y que los servicios legales de los ayuntamientos recopilen información para posibles acciones judiciales en el futuro. En su crítica al alcalde de Almonacid, Álvaro Martínez Chana, Solana acusó a la administración de priorizar la defensa de intereses empresariales sobre la protección de la salud de los ciudadanos.
