El portavoz parlamentario adjunto del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha expresado su descontento este domingo respecto a lo que considera una «complicidad» del presidente regional, Emiliano García-Page, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Serrano ha criticado la falta de acciones por parte de Page en relación con el modelo de financiación autonómica propuesto por el PSOE, el cual, a su juicio, no considera la despoblación como un factor relevante en la distribución de recursos a las comunidades autónomas.
Las declaraciones de Serrano se producen tras la publicación en el diario ‘El Mundo’ de una noticia que recoge los comentarios de Jorge Azcón, presidente de Aragón, sobre el modelo de financiación que se pretende implementar. Azcón ha señalado que este modelo elimina el criterio de despoblación y ha advertido que se enfrentará a él junto con otras comunidades como Galicia, Castilla y León y Cantabria. En contraste, Castilla-La Mancha ha decidido no presentar quejas, según ha informado el PP.
Serrano ha puntualizado que en Castilla-La Mancha, de sus 919 municipios, 721 se ven afectados por la despoblación, y de estos, 523 se encuentran en una situación de extrema despoblación. Ante esta realidad, ha cuestionado la inacción de Page, afirmando que es incomprensible que no se oponga a un modelo de financiación que podría ser perjudicial para la región.
El diputado del PP también ha criticado lo que considera una doble moral de Page, quien según Serrano busca atraer la atención mediática con declaraciones que generan titulares en prensa, mientras que en cuestiones fundamentales como la financiación de los servicios públicos, su silencio es preocupante. Serrano ha señalado que el modelo que Sánchez está promoviendo, a su juicio, ha sido diseñado en colaboración con los independentistas y está orientado a favorecer a Cataluña a expensas de otras comunidades.
Por último, ha instado a Page a dejar de lado los «chascarrillos» y a enfocarse en la gestión efectiva de la región, defendiendo la financiación necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos en Castilla-La Mancha.
