El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado una firme postura en relación con el Pacto Verde y la Ley de Restauración de la Naturaleza. Esta determinación se ha visto reflejada en una reciente acción política llevada a cabo por el Grupo Parlamentario Popular, una iniciativa parlamentaria que ahora se presenta ante las Cortes regionales con el firme propósito de obtener una negativa conjunta de estas propuestas.
Con el objetivo de propiciar un amplio diálogo y llegar a un punto de encuentro en el legislativo, el Partido Popular ha hecho un llamamiento directo al PSOE, invitándolo a unirse a sus esfuerzos y dar luz verde a una propuesta que procura alinear a Castilla-La Mancha en un frente común en contra de estas regulaciones a nivel estatal.
A través de una nota de prensa divulgada por el PP, se ha explicado que se busca que dicho parlamento exprese su rechazo formal a estas normativas, actuando así como voz de un campo que, según se argumenta, podría verse seriamente perjudicado por ellas. Según el Partido Popular, existen preocupaciones latentes y un descontento generalizado que se extiende a lo largo del sector primario en la región.
Núñez ha querido hacer sentir su postura y la de su partido mediante un vídeo difundido en redes sociales, donde hace hincapié en la necesidad de comunicar al gobierno de Pedro Sánchez, así como a las autoridades de la Unión Europea, que Castilla-La Mancha no está dispuesta a aceptar dichas normativas, las cuales percibe como generadoras de malestar y oposición entre quienes desempeñan su labor en la agricultura y la ganadería.
Finalmente, se recuerda que el rechazo emitido desde el mundo rural no se fundamenta únicamente en una cuestión de desacuerdo político, sino que se apoya en argumentos de índole práctico y económico. Las medidas contempladas en el Pacto Verde y en la Ley de Restauración de la Naturaleza, se observan como obstáculos reales a la productividad y rentabilidad del sector agrario, una perspectiva compartida y que ha sido pública y abiertamente denunciada por las asociaciones profesionales.
