El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado este martes al presidente regional, Emiliano García-Page, a anular el canon del agua. Esta solicitud busca mitigar la incertidumbre que la política arancelaria estadounidense ha causado en las cooperativas agroalimentarias y en las pequeñas y medianas empresas de la región. Núñez llevará esta petición al debate en las Cortes regionales.
Durante una reunión con Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Núñez subrayó que el impuesto del canon del agua impacta de manera considerable a las empresas del sector, ya que se obliga a los ayuntamientos a recaudar dicha tasa. Un ejemplo ilustrativo que ofreció fue el de una cooperativa de un pueblo de la región que se verá obligada a pagar entre 4.000 y 5.000 euros por este concepto, además de los impuestos que ya asumía. También mencionó a una pequeña empresa familiar, cuya carga fiscal podría incrementarse entre 5.000 y 6.000 euros.
Núñez afirmó que, en este contexto, donde hay una suspensión temporal de 90 días de los aranceles impuestos por Trump, es crucial actuar y no permanecer inactivos. Hizo un llamado al gobierno socialista para que renuncie a la recaudación de los 100 millones de euros que espera aconseguir, que recaen principalmente sobre familias y pymes. A su juicio, esto podría contribuir a aliviar la carga financiera de las empresas que enfrentan un periodo de incertidumbre.
El presidente del PP también destacó que esta situación está generando preocupaciones en sectores clave de la economía regional, como el vino, el aceite y el queso. Según Núñez, suspender el canon del agua sería una medida positiva para el sector primario y ayudaría a reducir la carga fiscal empresarial.
Adicionalmente, el presidente del PP expresó su gratitud hacia Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha por su colaboración en mejorar un documento presentado a la Comisión Europea, que aborda las necesidades del sector agroalimentario. Resaltó el papel fundamental de estas cooperativas en la regulación social y económica de la región y su contribución a un producto agrícola de alta calidad.
Por otra parte, la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular, Carolina Agudo, criticó a García-Page por, según su opinión, utilizar fondos públicos para impugnar decretos que su propio partido apoya en el Congreso. Agudo se refirió a la intención de la Junta de recurrir al Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes, calificando este acto como un intento de García-Page de presentarse como un «salvador» ante la opinión pública frente a las políticas del gobierno central. Asimismo, señaló que este decreto, que el presidente pretende impugnar, fue convalidado recientemente por los representantes del PSOE en el Congreso.
